La sola idea de la proximidad del 16 de enero desató una serie de opiniones sobre el desempeño de la administración del presidente Morales. Con pocas excepciones, gente muy diversa entre sí, coincidió en señalar un deslucido desempeño. Sin embargo, no fue unánime. Algunos leen la situación desde otra perspectiva, bastante más positiva. Intentaré mostrar por qué.

Si se hace un esfuerzo por poner de lado la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la institucionalidad derruida, la migración indocumentada y tantísimos males que nos preocupan usualmente al abordar estos asuntos, claro que se puede leer la situación desde otro ángulo. Ahora hay nuevamente dinero en las arcas del Estado, y con apenas Q3,194 millones más de gasto que lo ejecutado en el 2015 —según informe del Minfin—, se logró mantener la gobernabilidad y llevar al gobierno a culminar su primer año.

Recuérdense que la crisis política la detonó el saqueo de la SAT por la Línea. Junto a los bonos y los préstamos, son los ingresos tributarios los que permiten financiar las actividades más básicas del Estado: pago de salarios y la compra de bienes e insumos. Cuando estos caen drásticamente, surge la crisis institucional y luego la política.

Por ende, había que recuperar primero la institucionalidad que recauda la plata. De hecho, esos procesos arrancaron todavía en el 2015, durante el gobierno de Maldonado Aguirre, con fuerte apoyo de los organismos especializados de la cooperación internacional. No significa, por supuesto, que se acabaron las mafias en las aduanas y otros puntos de corrupción en el Estado, pero se recuperó la institucionalidad y se le dio un nivel de gobernabilidad interna que permitió, junto a un cambio de estrategia y conducción, los resultados que lograra el Superintendente Solórzano Foppa.

Con el flujo de caja restablecido, el tema es qué hacer con ellos. Entran en juego las decisiones del ministro de Finanzas, quien ha sido silenciosamente el operador clave para la gestión del Ejecutivo. Aliado del presidente y con beneplácito del sector privado organizado, tiene capacidad de interlocución con actores clave del Congreso —y, seguramente, está más claro de la visión de Estado que quiere impulsar que el propio presidente—. Si bien la ejecución anual solo aumentó Q3,194 millones entre el ejercicio fiscal 2015 y el del 2016 —informe Minfin—, priorizar la asignación de dichos fondos al Sistema de Justicia, y a temas clave en el Ministerio de Salud —abastecimiento—, Gobernación —bono de desempeño a la Policía— y Educación —alimentación escolar—, contribuyeron a mantener la gobernabilidad, aunque nada haya cambiado de fondo. Se paliaron detonantes importantes de conflictividad, tales como el desabastecimiento en hospitales públicos. Además, se les pagó a los alcaldes y se les cedió la administración financiera de los fondos de los Codede. Con dinero, hay paraíso.

Ciertamente, se golpearon bolsillos antes intocables, y se expuso a la sanción social a figuras del mundo económico otrora intachables, pero significó que el Estado contara con el combustible esencial para funcionar nuevamente. De paso, se mandó el certero mensaje de que ya es ineludible que el sector privado del país asuma su plena responsabilidad tributaria. Irónicamente, el Congreso controlado supuestamente por la oposición resultó siendo el principal aliado del gobierno al aprobar varias acciones que resultaron estratégicas. Es así como la idea del Estado mínimo, promovida desde el tiempo del Consenso de Washington, finalmente se concretó, en el primer año de gobierno de Jimmy Morales.