De esto ya no regresamos. Dos dimensiones se han movido profundamente en nuestro relato-país luego del 2015 y el 2017: la simbólica y la real. La simbólica está dibujando nuevos imaginarios sociales, transformando en el mediano y largo plazos nuestras percepciones y creencias sobre las cosas.  La real se está expresando en situaciones y hechos concretos que están cambiando eso que llamamos “país”.

La niñez y adolescencia guatemaltecas que han presenciado este movimiento en todo el territorio nacional están aprendiendo el civismo de otras maneras, y grabando en su memoria otra Guatemala. Una que ha empezado a expresarse más profunda y pluralmente. Por su parte, la juventud que comenzó a participar en el 2015 ha conformado una fuerza social que integra a la nueva AEU de la Usac, así como a estudiantes de todas las otras universidades del país. Juntos, están participando en la vida nacional y ampliando la conciencia del mundo que habitan, articulando teoría y práctica. Los demás (que no estamos en el Pacto de Corruptos), sin importar nuestras particulares formas de ver el mundo, estamos viviendo circunstancias que nos hacen cuestionar ideas, formas de vida, relaciones y futuros. En todos hay más músculo social y seguiremos ejercitándolo.

Por otra parte, está la dimensión real de todo esto, la que hay que intervenir incansablemente, para no volver a una “normalidad” de corrupción. Desde hace dos años, y gracias a la Cicig y el MP, cientos de procesos judiciales han puesto en prisión a militares, políticos y empresarios corruptos. Hablamos de una coyuntura de décadas, que fue dibujando a un Estado corrupto hasta su destape público con el caso de La Línea en el 2015. A partir de entonces comenzó otro momento en nuestro relato-país; una coyuntura que algunos consideraron una simple “llamarada de tusas” y otros leímos en clave de proceso, sintiendo que las entrañas de la podredumbre se habían movido, aunque fuera un poco.

Recordemos que ya a finales de los años 80 e inicios de los 90 se funda ese Pacto de Corruptos en estructuras integradas por una triada intocable: 1. Capital (emergente o tradicional); 2. Clase política; y 3. Ejército. Actores de otros sectores (algunos sindicatos, medios de comunicación, academias, organizaciones, organismos e iglesias) han entrado y salido del pacto en distintos momentos y a conveniencia, porque un pacto precisa de redes de elites que conforman un sistema, y este a su vez configura un orden. Pero los irreductibles han sido los tres arriba mencionados, los mismos que nos han llevado a perder aproximadamente US$550 millones anuales (Icefi/ 2017) por corrupción. Sin legitimidad y credibilidad, ninguno de ellos podría ahora convocar como sector al diálogo, ni invocar un nuevo orden con la misma institucionalidad que crearon y defienden.

Estamos parados en el punto de no retorno y la indignación es profunda. Algunos no lo han entendido. Urge depurar el Congreso actual, y como no se pudo ni por la vía de la ética (autodepuración) ni por la política (vía partidos), que sea por la vía judicial. Esto, sin perder de vista las elecciones de la Corte Suprema de Justicia, porque su presidencia estará a cargo de la elección de fiscal general 2018, y porque es allí donde se congelarán o viabilizarán los antejuicios de los diputados corruptos. Por otra parte, Jimmy Morales debe enfrentar un antejuicio, porque es en tribunales donde corresponde a cualquier ciudadano (y más a él) dirimir asuntos como el del financiamiento ilícito y su sobresueldo. Paralelamente, hay que velar por una buena reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero no en las manos de este Congreso. Vamos paso a paso, delineando los mecanismos y formas de gobierno que nos aleje más del país corrupto que estamos dejando de ser.

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