Sea quien sea quien asuma la Presidencia el 14 de enero, estará sujeto a una fiscalización de sus acciones y corre el riesgo de caer en impopularidad, que debilitaría su gestión. Se enfrentará no solo a un Congreso en el que no tendrá mayoría y que además está plagado de miembros acostumbrados a actuar impunemente por años y que ya tienen estructuradas redes de corrupción, que tienen cuotas de obras del Estado, que contratan plazas fantasmas o personal sin ninguna calificación; también se enfrentará a un sector sindical irresponsable e inconsciente, al que no le importa que mueran pacientes en los hospitales o que los niños no reciban clases o las reciban sentados en el suelo con tal de tener sus prebendas y privilegios, que a cambio de apoyo fueron negociados por presidentes y sus irresponsables ministros.

Se tendrá que enfrentar a los activistas de izquierda, que siguen pensando en el gobierno de transición ante sus fracasos electorales continuados. Estos grupos, que van desde los “intelectuales” del Grupo Semilla hasta los desestabilizadores como el CUC, Uvoc, FNL, pasando por los ladrones de energía como Codeca y ahora el Conic, que fue silenciado con las condonaciones de deuda que les hiciera Pérez Molina.

Se enfrentará a un presupuesto que está fuera de la realidad, diseñado para alimentar a la insaciable burocracia y que nos llevará a un endeudamiento por generaciones.

Las acciones que pretenda tomar para depurar a los corruptos tendrán la oposición de un sistema de justicia que está en contubernio con los malos funcionarios.

Las acciones deben ser contundentes; el actuar del MP y la Cicig se ven empañadas al ver que las condenas de los funcionarios no se dan, pues las pruebas no son lo contundente para emitir rígidas sentencias, y los que han sido condenados salen de inmediato a gozar el botín producto de su venalidad. Se debe imitar al presidente Rajoy, que en España tomó una decisión, y para eso transcribo lo publicado ayer en El País: “El presidente Rajoy ha despedido la legislatura con una medida estrella, incluida en el paquete de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que ha impulsado el Gobierno. Se trata de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que tiene como fin ‘que ningún delincuente pueda disfrutar de lo que ha robado, y dedicar los recursos que se recuperen a fines sociales’, según ha explicado el jefe del Ejecutivo”.

Rajoy ha subrayado que esta Oficina de Recuperación era una demanda muy importante de la sociedad. Según ha comentado, “no se trata solo de aplicar el Código Penal contra los delincuentes, sino de recuperar lo que ha sido el fruto de sus delitos, y ponerlo al servicio de la sociedad para fines sociales”.

Un medida como esta sería bien recibida por la población que ve cómo sus impuestos desaparecen llegando a las bolsas de funcionarios corruptos, estafadores, extorsionistas y otras lacras de la sociedad. Por ejemplo, nos hemos enterado de que un alcalde que recibió Q50 millones de regalías de una minera y ni siquiera ha adoquinado una calle de la población, ya no seguirá y se irá tan tranquilo a gozar de sus millones.

El Ejecutivo también deberá tomar medidas de austeridad y obligar a sus ministros y funcionarios de toda índole a dejar el boato y los gastos superfluos.

En fin, si el nuevo mandatario permanece impávido ante la realidad que afrontará, tenga por seguro que el pueblo estará atento a sus acciones, y como ya lo demostró, podría en pocos meses estar pidiendo su cabeza. El pueblo, después de los desastres anteriores, está esperando mucho.

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