Normalidad no es una palabra que por estos días pueda usarse para describir la realidad guatemalteca, ante la crisis desatada por el presidente Jimmy Morales, quien dictó la expulsión del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, bajo supuestos pretextos soberanistas que no logran convencer, cuando están en marcha solicitudes de antejuicio promovidas en su contra y procesos contra familiares suyos.

El descontento en la ciudadanía tampoco es una situación normal y mucho menos las sombras de un estado de Sitio que se mencionaba como una de las acciones del Ejecutivo para supuestamente mantener el orden. Sin embargo, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, con su característico estilo evasivo y titubeante, describió así la forma como se desarrollan las labores en el Gobierno Central, del cual fue recientemente separado el canciller y se dio la renuncia de la ministra de Salud, en un inútil afán de evadir la ola de críticas que han recibido tanto a escala nacional como internacional.

Es obvio que los funcionarios están conminados a enmascarar una situación que dista mucho de la normalidad, pues el presidente no contaba con que la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, le pondría freno a su intento de querer expulsar al comisionado Velásquez, al amparar a ciudadanos preocupados por el daño que sufriría la lucha anticorrupción y en prevención de que esa medida pudiera conllevar daños mayores.

Al concluir ayer una inusual sesión de gabinete ampliado, varios ministros acompañaron al vocero presidencial para responder dudas de la prensa y algunos efectuaron la temeraria afirmación de que la decisión presidencial casi no había sido tocada, pese a que desató una andanada de reacciones y cuestionamientos con alcance mundial.

Poco favor le hacen al país y al mismo mandatario este tipo de funcionarios, pues nunca la negación de la realidad ha sido buena herramienta política. A lo largo del tiempo se evidencia cómo falla una y otra vez, precisamente porque la historia continúa su inexorable marcha. Guatemala se debate en la crisis política e institucional más grave desde el tristemente célebre Serranazo de 1993, y es inadecuado querer minimizar el complejo cuadro interno y externo de la Nación.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, expresó ayer “total apoyo” de su país y de la comunidad internacional hacia Velásquez y mostró su profunda preocupación por el ataque hacia una figura clave en la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento del estado de Derecho, a la vez que propuso una posible salida a la crisis, en que el gobierno guatemalteco reconsidere y permita el trabajo de la Cicig, sin interferencias.

En la medida en la que se sepa dar la lectura adecuada a los mensajes de un entorno regional del cual Guatemala no se puede desmarcar, será posible encontrar luces del nuevo rumbo por tomar, aunque el presidente Morales, como bien lo señaló la Conferencia Episcopal en su discurso, debe asumir la responsabilidad de sus actos, tanto aquellos que ha cometido en su calidad de mandatario como los que ejecutó como secretario general de su partido en el año 2015.