Dentro de la dura realidad del país, algunos datos francamente llevan a la desesperanza. La industria de las extorsiones anuales solo en el transporte urbano alcanza una cifra fluctuante entre 250 y 500 millones de quetzales al año. Eso significa entre 685 mil y 1.3 millones diarios. Es notorio ver a diario a los choferes de los autobuses entregar bolsas de papel a quienes se acercan de manera sospechosa cuando las unidades se detienen frente a un semáforo o para permitirle subir a los pasajeros. Muy pocas empresas nacionales tienen ganancias por esas cantidades, porque los extorsionistas no tienen gasto alguno. En el caso de El Salvador, se da el fenómeno de unas “remesas al revés”, es decir: las maras salvadoreñas envían dinero a sus compinches en Estados Unidos.

Hace algún tiempo se encendieron las alarmas cuando los pandilleros decidieron atacar a las fuerzas de seguridad utilizadas por los ejércitos, y este hecho se explicó como una represalia por el traslado de los jefes de pandillas a prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, como siempre ocurre, no se le dio la atención debida y las extorsiones abarcan cada vez a sectores más amplios, sin importar el nivel socioeconómico de las víctimas. La ferocidad de la reacción de los pandilleros para evitar el traslado de los jefes a otros centros penales indica la innegable verdad de cómo las extorsiones tienen a mucha población de rodillas. Las mismas fuentes oficiales han informado de otro increíble dato: ocho de cada diez extorsiones se originan en los centros carcelarios.

La solución es simple: los bloqueadores de señales deben funcionar y ser protegidos de la destrucción o de la posibilidad de ser apagados. En esto tienen obligación las empresas telefónicas, obviamente, pero también las autoridades. Se debe comenzar con decisiones simples como proteger el espacio donde se halla el área de los guardias de presidios, a fin de asegurarse o al menos dificultar la posibilidad de permitirle a los mareros hacer las llamadas cargadas de amenazas contra objetivos cuidadosamente seleccionados. Es urgente además establecer un salario digno para quienes tienen la responsabilidad de ser guardias penitenciarios, con turnos de 8 horas de trabajo por 8 de descanso. Pasan penas económicas y ello los hace posibles corruptos.

Se debe señalar esto porque los guardias ven a los pandilleros hacer llamadas por teléfonos que obviamente no debieran poseer, pero no actúan por temor a represalias de los reclusos o a algún grado de amiguismo. Los bloqueadores de señal deben recibir buen mantenimiento y si las empresas de telefonía lo están dando como colaboración, el ministro debe facilitar la inspección de los mismos y coordinar de mejor manera que el funcionamiento correcto debilite el engranaje de las extorsiones. Es plausible la decisión del gobierno de implementar escáneres en el Centro Preventivo de la zona 18, lo cual ha provocado motines, pues de esa forma será posible descubrir el modo de operar para el ingreso de armas, teléfonos, chips o artículos eléctricos.

La gravedad del aumento de extorsiones obliga a actuar de manera pronta y firme. Las posibles víctimas de estos delitos no solo son cada vez más y de un más amplio grupo de sectores, sino sus riesgos son absolutamente reales. El Ministerio del Interior y las telefónicas están obligados a cumplir con limitar las llamadas de los delincuentes. Es urgente tener en cuenta la enorme cantidad de dinero robado a los ciudadanos, pero sobre todo los efectos nocivos en casi todos los niveles de la vida nacional. No parece creíble, pero los peores efectos los tienen las extorsiones de poca monta a personas de niveles socioeconómicos modestos, sobre todo micro o pequeños empresarios. En ellos descansa la verdadera economía nacional.