Guatemala rechazó ayer de manera categórica el reciente informe presentado por una comisión de la Organización de Estados Americanos, según el cual la muerte de un niño petenero en la zona de adyacencia con Belice había sido provocada por patrulleros integrantes de una ONG de ambientalistas que, armados, acompañaban a soldados beliceños, y lo calificó de “defensa propia”.

El gobierno guatemalteco también pedirá al secretario general del organismo hemisférico una ampliación de dicho reporte y, de paso, ha planteado la remoción de la uruguaya Magdalena Talamas, quien fue la encargada de entregar el documento que no solo parece estar incompleto, sino tiene serias e injustificables incongruencias.

Es incoherente que en labores de patrullaje anden armados integrantes de una organización ambientalista y, además, acompañando a soldados, lo que claramente parece tener la intención de desvincular del vil asesinato del joven guatemalteco a los elementos castrenses, por las repercusiones que podrían derivarse.

En lo peor que incurriría el referido informe, como denuncia el gobierno guatemalteco, es que habría sido elaborado en base a testimonios y en todo caso habría ignorado, desatendido o, peor aún, no habría sido tan exhaustivo como para acudir a versiones de expertos que pudieran aportar veracidad a la información, para superar las numerosas incongruencias de quienes participaron en su redacción.

Ciertamente, ayer la Cancillería guatemalteca informó que para refutar ese informe se integró un equipo en el que participaron miembros del Ministerio Público, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de los ministerios de la Defensa y Gobernación, quienes afirman que lo dicho por la emisaria uruguaya de la OEA carece de rigor científico y se basa en entrevistas a testigos y comunicación electrónica con diplomáticos y particulares.

En consecuencia, procede que Guatemala asuma una actitud de plena firmeza. Debe empezar no solo por refutar el referido informe, sino ir más allá y demandar que aspectos cruciales cuenten con el aval de personal capacitado. Este, a su vez, debe ser extensivo a los delegados de la OEA para que mantengan mayor prudencia cuando sus informes puedan ser sujetos de una severa y justificada crítica a causa de la ausencia de profesionalidad.

A Guatemala le asiste la razón, porque debe recordarse que no solo ocurrió el asesinato del menor Julio Alvarado, sino también las balas hirieron a su padre y a otro hermano del niño. Además, porque ya suman diez los guatemaltecos muertos a manos de tropas beliceñas y todo ello ha ocurrido en total impunidad, como lo pretenden hacer una vez más las autoridades del vecino país.

Por ello constituye una ofensa cínica la absurda pretensión beliceña de que Guatemala presente disculpas por este injustificable suceso. Bien ha hecho la Cancillería en afirmar que no lo hará. Eso y las otras acciones anunciadas deben acelerarse, sin caer en ningún tipo de consideraciones personales, cuando la dignidad nacional puede ser víctima de un nuevo atropello.