Se acerca el día D fijado por el Tribunal Supremo Electoral para emitir el sufragio. El panorama está enturbiado y los ánimos caldeados, más de 11 asesinatos vinculados a la política han ocurrido en esta época; 74 municipios en alto riesgo por violencia electoral ha alertado el Procurador de Derechos Humanos, mientras que el TSE ha indicado que seis departamentos concentran hechos de violencia; hay impugnaciones sin resolver, recursos pendientes, antejuicios a medias, maniobras a granel, funcionarios con temor, o sea que la legitimidad de las elecciones está prendida con alfileres.

A algunos sectores democráticos no les parece ahora que impere el famoso Estado de Derecho, ese al que antes todo el mundo clamaba, esa sujeción de gobernantes y gobernados al imperio de la ley; pero resulta que esa ley tampoco se ajusta a los deseos de los inconformes y quienes tienen la potestad de cambiarla no tienen la disposición de hacerlo, porque sus intereses chocan con los de los indignados, para quienes la legislación y el statu quo ya no responde a la realidad, por lo que urgen los cambios ya, no importa si con ellos se violenta la ley.

Políticos inescrupulosos encuentran, con ayuda de sus asesores, los subterfugios para violar las normas con la tolerancia de algunas autoridades; mientras millones siguen con sus demandas por la inveterada ausencia de medicinas en los hospitales, las enormes limitaciones en los centros de salud; personas que se mueren de enfermedades prevenibles, los niños desnutridos ya no están en primera plana, la pobreza y la desigualdad desaparecieron como el problema principal, la inseguridad ya pasó a segundo o tercer plano, aunque sigan robando celulares, asesinando a pilotos, atacando a personas.

En siete departamentos hay pérdidas del cultivo del maíz por la sequía que dañó 50 mil hectáreas; pobladores hartos de ofrecimientos cierran caminos y exigen construcción de carreteras, resolución de conflictos, resarcimientos, rechazo a la minería, a las hidroeléctricas; algunas escuelas están sin agua y sin energía, la carne ha subido de precio, así como la canasta básica y la economía pierden dinamismo pues, según Hugo Maúl, los problemas políticos se empiezan a reflejar en la actividad productiva, en el nivel de consumo y la inversión privada, por lo que el índice de confianza cayó en el último mes.

La salud, como bien público y derecho humano, sigue a la espera de que la crisis se resuelva; el Estado únicamente invierte el 1% del PIB, cuando lo necesario es al menos el 4%, tal vez después de este escenario, algo se logre; el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva continúa denunciando el vergonzoso drama de los embarazos en niñas y adolescentes.

De los 5 millones de jóvenes guatemaltecos, solo el 31% tiene acceso a la educación básica y apenas un 23% logra entrar al nivel diversificado, informó Verónica Simán, representante del Fondo de Población de la ONU, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que en estas condiciones tiene poca trascendencia.

Millones de personas no se han enterado de lo que se está discutiendo, aunque como bien ha dicho el Comisionado, la corrupción es estructural, afecta a los tres poderes del Estado y a la dignidad de las personas, drena los recursos que pudieran ser invertidos en la resolución de estas necesidades; aunque no es solo eso lo que se requiere, pues, a pesar del rechazo que provoca recordarlo, con esta carga tributaria no hay Estado que puede atender las penurias sociales.

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