El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora según los expertos juristas que he consultado, me indican que es un gallo gallina que trae más dudas al proceso y no contribuye para darles elementos sólidos al pleno para tomar decisiones correctas.

Por un lado, la Comisión considera que “existen elementos para recomendar al Pleno que el Sr. Morales debe ser puesto a disposición de la justicia común, en virtud de la “probable” —el énfasis es mío- su participación en los hechos concernientes a la falta de presentación de informes y negativa a proporcionar información al órgano electoral durante su gestión como secretario general del FCN. Sin embargo, critican al Tribunal Supremo Electoral por “deficiencias administrativas específicamente en lo correspondiente a la auditoria, en la aplicación de la Ley Electoral, reglamentos e instructivos para el complimiento efectivo y oportuno por parte del partido FCN-NACIÓN, lo que les permitió “los incumplimientos señalados”. El énfasis es mío. (gallo…)

Más adelante la Comisión considera relevante informarle al Pleno que “existen elementos que la presentación de la solicitud de antejuicio se pudo haber promovido por razones políticas en la forma, tiempo y modo en la que fue presentada, especialmente en lo relacionado al momento de la promoción de antejuicio, que se realiza coincidentemente cuando el señor presidente se encontraba en la ciudad de Nueva York, por lo que deja en consideración del pleno del Congreso, el evaluar si existen elementos políticos que hubieran podido condicionar la presentación de la solicitud de antejuicio”. (gallina…)

En la actual crisis hay una mezcla de criterios que divide las actitudes de los guatemaltecos. Existe un grupo afín a que el presidente le sea levantado el antejuicio. Este grupo cuestiona que los diputados no estén dispuestos a levantarle el antejuicio al presidente para que las investigaciones puedan profundizarse hasta esclarecer si en efecto hubo o no la comisión de un delito electoral, —y si hubiese— que se le abra juicio con las posibles consecuencias de renuncia y encarcelamiento. No abordan la conveniencia política de enviar a la cárcel a un segundo presidente, las externalidades que esto implica, y el temor de un porcentaje considerable de ciudadanos que se cumpla una profética transferencia de poder hacia determinados sectores políticos de tendencia progresista, que nunca han podido acceder al poder por medio de votos.

La crisis llama para hacer varias reflexiones. Tenemos que admitir que el sistema electoral no se puede destruir y reconstruir sin un proceso que tome en cuenta los vicios e incentivos perversos que existen en la Ley Electoral y de Partidos Políticos vigente. Un abordaje realista para recomponer este cáncer tendría que hacerse bajo una decisión “de aquí en adelante…” acompañado de la aprobación de una ley muy bien definida, adaptada para neutralizar esa inclinación clientelar cuasi atávica que siempre ha existido desde el inicio de la era democrática.

2. Hay que tomar en cuenta que el Congreso es un ente político y por lo tanto sus actuaciones y decisiones siempre tendrán una vinculación política. Nos guste o no, bajo la ley, ellos son los que evaluaran la gravedad de los hechos, la conveniencia y repercusiones que tal acción tendrá sobre la gobernabilidad y la estabilidad de la nación si le levantasen la inmunidad al presidente. Pero recordemos de las mañitas…

3. Aparentemente no podrán reunir los 105 votos a favor de quitar o no la inmunidad. Es probable que se llegue a un número intermedio lo cual implicaría que el proceso de antejuicio se archiva a disposición, o sea sujeto a verlo de nuevo, hasta lograr los 105 votos. Se abre la posibilidad de una extorsión permanente de parte de las bancadas.

Ojalá el impasse no llegue a la CC. Ahí ya hay 3 votos…

alfredkalt@gmail.com