Hoy inauguro un espacio que Prensa Libre me ha designado para compartir semanalmente temas respecto de la migración y los movimientos humanos, a los cuales el mundo y nuestra región en particular están tan expuestos. Para empezar, reconozco el valor que este matutino da en complementar la noticia que constantemente entrega a sus lectores sobre este tema de trascendencia con una columna de análisis, tomando en cuenta que posiblemente uno de cada cinco guatemaltecos se encuentran en el extranjero. Mi análisis partirá del contacto con comunidades guatemaltecas en Estados Unidos y aldeas en el altiplano del país, con lo cual aportaré una opinión legal y política, buscando el lado humano de las migraciones.

Sin más preámbulos, paso directamente al análisis de esta semana y la desconcertante posición de quienes representaron a nuestro país el lunes recién pasado en la Cumbre de Refugiados y Migrantes convocada por Naciones Unidas. En esa actividad, la viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez, solicitó que a los guatemaltecos que emigran hacia Estados Unidos no se les trate como refugiados, sino como migrantes. La declaración de la funcionaria deja boquiabierto al mundo, ya que va en contra del trabajo efectuados por las organizaciones que velan por los derechos del migrante, quienes comprenden que la magnitud de la ola humana ha sido generada por factores insuperables por las personas en los países de origen, y buscan revertir la política de fronteras cerradas de la administración del presidente Obama y evitar eventuales deportaciones masivas de quienes viven en ese país.

Existe una abismal diferencia entre un migrante y el estatus de refugiado, tanto para el trato político que se dará a la crisis migratoria proveniente de Guatemala, como para el futuro de aquellas personas cuyo único recurso para evitar la deportación es solicitar que un juez comprenda que su viaje no obedeció a meros deseos de superación personal, sino a alguna situación que hace imposible su retorno a su lugar de origen.

La justificación oficial a esta temeraria posición es que la mayoría de la población que hoy emigra desde nuestro país hacia Estados Unidos proviene del altiplano occidental, donde la viceministra aseguró que no existen maras. Sin embargo, este argumento simplificador provocará que el pueblo estadounidense se incline por una posición conservadora que deje afuera a quienes sí llegan huyendo por miedo, el cual no se limita a la violencia de pandillas, sino a cualquier situación que afecte su integridad, como lo puede ser una persecución por causa de raza, pertenencia a un grupo, nacionalidad o religión, en este convulso país.

Aseverar que en occidente no existen pandillas es simplemente desconocer la realidad. Asegurar que todos los migrantes emigran por causas económicas es limitarse a repetir lo que pocos migrantes con quienes ha conversado la viceministra le confiaron en sus escuetas entrevistas. Este bochorno se dio precisamente mientras me encuentro en Huehuetenango, investigando sobre familias que huyeron de sus aldeas debido a la inestabilidad social, no solo irreparable por parte del Estado, sino a veces causada por el mismo.

Quizá, nunca antes fue una generalización tan grave, tan alevosa, ni tan trascendental como lo podría ser la de la delegación ministerial de esta semana en el futuro de quienes huyen de nuestro país.

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