Más temprano que tarde Estados Unidos debe hacer una profunda revisión sobre sus relaciones, programas de ayuda y exigencias en algunas de las democracias más cercanas a su territorio, cuyas autoridades no solo han defraudado a los gobernados, sino que han mostrado una actitud cómplice ante intolerables hechos de corrupción.

Es un tema de enorme complejidad, por sus trascendentales repercusiones negativas en el desarrollo de estas naciones, en algunas de las cuales incluso hay gobernantes en la cárcel, bajo procesos judiciales o a la espera del destape de más casos de latrocinio, porque en ese generalizado abuso de poder y enriquecimiento injustificable se encuentran representantes de los tres poderes del Estado, como ocurre en Guatemala.

Quizá Centroamérica sea la región que acumula el mayor número de casos de personajes salidos del poder, incluidos algunos de sus más cercanos parientes, que ahora enfrentan la acción de la justicia, por una conducta irresponsable en el manejo del dinero de los contribuyentes.

Nuestros vecinos más cercanos, por el norte, el sur y el oriente, complementan un desolador cuadro en el que gobernantes o exmandatarios, y sus principales colaboradores, se encuentran tras las rejas, bajo sindicaciones de un manejo oportunista de negocios públicos, concesiones amañadas o inmoral apropiación de ayuda exterior.

Un poco más abajo en el mapa se encuentra Nicaragua, que ha sido uno de los regímenes más corruptos de la región, donde ni siquiera se han dado elecciones libres, al extremo de que EE. UU. le impuso severas sanciones a quien era el máximo responsable de garantizar comicios transparentes, en una clara evidencia de lo perniciosa que resulta para cualquier gobierno que se autodefina como democrático la pérdida de independencia de las instituciones estatales.

Ese sometimiento de entidades al poder político encuentra en Nicaragua la mayor expresión de la inviabilidad del sistema, porque el abuso llega a extremos inconcebibles, que inevitablemente son la primera causa de los estallidos sociales, como ocurrió en las últimas semanas en las principales ciudades nicaragüenses, donde el grito ciudadano se concentra en exigir la salida de la pareja gobernante.

Esas manifestaciones, reprimidas de manera repudiable por el régimen nicaragüense, lanzan una voz de alarma sobre el resto de países de la región, porque en ninguno de estos existen garantías para el pleno desempeño institucional, y a ello se suma el abuso generalizado de autoridades, colaboradores y serviles a sueldo, que conforman una maraña que apunta a un mayor debilitamiento de cualquier asomo de gobernanza.

Un panorama que advierte sobre la urgente necesidad de una mayor exigencia por parte del mayor socio comercial y político hacia estos gobiernos, que a marcha acelerada se hacen insostenibles y, en consecuencia, el mayor riesgo es que surja una respuesta indeseable, como ocurre en Nicaragua.

EE. UU. no puede tener como aliados a regímenes impresentables o chantajistas cuya principal característica es el irrespeto a la institucionalidad, bajo el intolerable sello de la corrupción.