La región ha estado fuera del alcance del Estado; su presencia ha sido esporádica, dispersa, bien cumpliendo funciones contrainsurgentes, atendiendo programas del momento o para el resguardo de los intereses económicos estratégicos (café, cardamomo, recursos mineros, hidrocarburos, y más recientemente, palma africana y caña de azúcar). Se ha tratado de un estado protector de un tipo de intereses que poco tienen que ver con las carencias y demandas de las poblaciones. No por gusto es el tercer departamento más poblado, el segundo con mayor analfabetismo, el menor con tasa bruta de escolaridad —en todos los niveles—, con desnutrición infantil alarmante, con los niveles más altos de mortalidad infantil, altas tasas de fecundidad y mortalidad materna; a lo que debemos sumar su rápido crecimiento como sitio estratégico para el establecimiento, movilización y reclutamiento de los principales grupos de narcotraficantes mexicanos con sus aliados nacionales.

Desde hace varios siglos esta ausencia del Estado intentó ser compensada con fuerte presencia de las iglesias; primero, católica, y después, protestantes. La presencia de ONG también es un indicador de las intentonas por cubrir áreas que la estatalidad abandonó o ni siquiera llegó a intentar cubrir.

Las condiciones de Alta Verapaz presentan alta vulnerabilidad por donde quiera verse, lo que contrasta con su importante posición geoestratégica —orografía, fuentes hidrográficas, grandes extensiones de tierra, muchas ociosas, en manos de terratenientes que han contado con el apoyo de militares, cercanía con la frontera Norte y la salida al Atlántico—, condiciones ideales que son aprovechadas por expresiones de poder real.

Los partidos han sido responsables de que estas condiciones se hayan fortalecido. Así como lo fue el FRG en su momento, lo es la UNE, cuando en el marco de su alianza con la Gana ocasionó alta rotación de empleados públicos; cambios que fueron aprovechados para que gobernaciones, alcaldías, comisarías de la PNC y otros puestos claves formen parte de las zonas de impunidad.

Frente a esta complejidad, el estado de Sitio es un paliativo, una acción a medias que corre el riesgo de aumentar las acciones delictivas en la región, en caso de carecer de estrategia y sostenibilidad.