El mercado de trabajo en Guatemala no tiene la capacidad para disminuir las brechas de bienestar y desarrollo. Por el contrario, refuerza factores (territoriales, étnicos y de género) que potencian el aumento de la desigualdad social al no garantizar una distribución más eficiente y equitativa de los ingresos e incumplir los derechos laborales.

La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2017 (Enei 3-2017), revela que los salarios son bajos, las fuentes de empleo son pocas y una buena cantidad de los hombres y mujeres en edad de trabajar solo ha podido insertarse en el mercado informal de la sobrevivencia. De la población económicamente activa (PEA), que sumaba aproximadamente 7.1 millones de personas, cerca de 125,000 estaban desocupadas. Sin embargo, el 69.7% de las personas ocupadas trabajaba en el sector informal de la economía: ocho de cada diez trabajadores rurales y trabajadores indígenas laboraban en el sector informal, y siete de cada diez trabajadoras mujeres.

Por su parte, la agricultura, el comercio y la industria absorbieron casi al 83.0% de la población ocupada informal. Además, el 68.2% de los asalariados no tiene contrato de trabajo, y solamente tres de cada diez —concentrados principalmente en el área urbana metropolitana— indicó estar afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que siete de cada diez asalariados expresaron no haber recibido bono 14 o aguinaldo.

La Enei 3-2017 revela que el ingreso promedio de los trabajadores (formales e informales) era de Q2,150 mensuales, y el ingreso promedio del 20% más pobre apenas llegaba a los Q340 mensuales. A nivel nacional, con excepción del promedio de ingresos de los “directores y gerentes”, en el resto de ocupaciones los ingresos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta ampliada de alimentos y servicios (Q8,246.46) para una familia.

Guatemala es el país de América Latina con las peores condiciones para el empleo y para los trabajadores, según el Índice de Mejores Trabajos elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que le asigna 44.9 puntos sobre un máximo de cien. Entre otros elementos, el indicador evalúa cuánto empleo está registrado en la seguridad social y cuántos trabajadores reciben ingresos suficientes para superar la pobreza. Desde su primer cálculo, en 2010, y con excepción de 2012, Guatemala siempre ha ocupado la última posición.

Los bajos salarios, además de profundizar la desigualdad, debilitan la posibilidad del desarrollo humano y económico de Guatemala al no permitir la generación de niveles de bienestar que fomenten un círculo virtuoso entre la demanda de más educación, más ahorro e innovación tecnológica, la generación de una mayor actividad económica y más y mejores empleos.

La precarización de los trabajadores, públicos y privados es peligrosa para la sociedad porque fomenta, entre otros fenómenos, la pobreza, el trabajo infantil (aumentando la deserción escolar y la posterior inserción de jóvenes en un mundo de informalidad del que difícilmente saldrán), y provoca una baja demanda de productos y servicios, lo que merma la inversión y el empleo. Todos estos fenómenos finalmente se traducen en niveles de insatisfacción social que abren la puerta a la ingobernabilidad.

Ante esta realidad, lo sorprendente no es que los médicos del sistema público de salud estén en pie de lucha, sino que no haya más empleados, públicos y privados, exigiendo mejoras salariales y el cumplimiento de sus derechos laborales.

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