El semanario británico The Economist publicó un atinado artículo sobre la situación actual en Guatemala, generada por las intenciones  del presidente Jimmy Morales  de expulsar al comisionado Iván Velásquez. Y desde ese momento los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país, esperando a ver en qué termina esta telenovela, cuyo protagonista es ahora el Congreso de la República.

Antes del show que montó el presidente, la imagen país que estábamos proyectando a nivel mundial era de haber logrado gigantescos avances como un referente anticorrupción, pero hoy lamentablemente Morales es visto como la persona que lidera el boicot para frenar esta lucha. Además, nuestro gobernante se ha convertido en el hazmerreír de los principales medios de comunicación globales… ¡No cabe duda de que Jimmy es un comediante Neto!

Hasta hoy la Corte Suprema de Justicia hizo su trabajo correctamente y casi unánimemente —exceptuando Elizabeth García y Silvia Valdés— votaron para trasladar al Congreso la solicitud de que se le retire la inmunidad al presidente Morales, quien debe ser investigado por supuestamente haber recibido financiamiento electoral ilícito cuando era secretario general del partido FCN-Nación.

Ahora, la responsabilidad por salvaguardar la lucha contra la corrupción se traslada al Congreso, donde sabemos que la Cicig tiene pocos amigos, que por cierto se han envalentonado en los últimos días, sin razonar las implicaciones que tendría el hecho de que no prospere el proceso de antejuicio contra el presidente. Aunque ya es bien conocida la trayectoria de corrupción de muchos diputados, acostumbrados a bloquear lo que no les conviene. De alguna manera esta vez el pueblo y el mundo, no les perdonará la obstrucción a la justicia.

Como dijo Julio Ixcamey, presidente de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio contra Jimmy Morales, el gobernante debería comparecer a dicha instancia para explicar su situación. “Si no debe nada, pues que comparezca”. ¿No que ni corrupto ni ladrón, pues? Entonces que lo pruebe, porque después de este proceso su legitimidad en el poder dependerá de que sea capaz de demostrar o no su inocencia.

El mayor reto para esta pesquisidora es actuar con independencia y evaluar imparcialmente el caso. Y conste que ellos solo harán una recomendación al pleno, pero la decisión que finalmente cuenta es la de la mayoría calificada —105 votos— quienes decidirán el futuro de nuestro país: entre seguir avalando la corrupción o contribuir a la lucha contra la impunidad.

Aunque la percepción de la población sea que el presidente no tendrá mayores problemas para cubrirse con el manto de la impunidad, porque muchos diputados tienen procesos de antejuicio y cuentas pendientes con la ley. También es cierto que si el fallo de los legisladores se inclinara a favor de Morales, ayudar al presidente hoy no les quita a los señalados corruptos sus propios clavos; es decir, solo se vuelven más repugnantes ante la población.

Es lamentable que decisiones de tanta trascendencia para el país como la posibilidad de investigar o no al presidente Morales siempre tengan que depender de un cuestionado Congreso. Esa es otra de las grandes falencias de nuestra estructura política. Y por ello esta crisis puede convertirse en una oportunidad para corregir los errores y las debilidades de nuestro colapsado sistema.

A pesar de todo este confuso panorama, el Congreso debe responder a las exigencias del pueblo de Guatemala y si las pruebas son irrefutables, no les quedará más remedio que retirar a Morales el derecho de antejuicio. Este país ya ha empezado un cambio, sin marcha atrás y el pueblo no permitirá que nadie pase por encima de la justicia.

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