El día de hoy en Honduras se espera una multitudinaria manifestación, a pesar de la criminalización de la protesta social aprobada en febrero pasado en el Congreso de la República, dominado por el oficialista Partido Nacional. Razones para que los ciudadanos salgan a manifestar hay, y muchas.

Primero, la candidatura para la reelección del actual presidente, Juan Orlando Hernández, después de que la Sala de lo Constitucional cometiera el ultraje de declarar inconstitucional el artículo pétreo (irreformable) número 239 de la Carta Magna, en donde se prohíbe la reelección. Los constituyentes, previendo la clase de políticos que están surgiendo, incluyeron en dicho artículo que “el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública”.

Bueno, pues no ha pasado nada. Por el contrario, todo hace suponer que Hernández y sus adeptos están detrás de una campaña anónima de panfletos, repartidos de casa en casa, que invitan a “tener fe en todo lo bueno que vendrá” y exhortan a respetar la autoridad pública porque “no hay autoridad que Dios no haya dispuesto”. En un país basado en la creación de empleos precarios, en donde tres de cada cinco personas padecen pobreza, el mismo panfleto alaba el poder que tendrán a futuro las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Este experimento libertario empujado por el gobierno actual y un grupo de estadounidenses y europeos —incluido un hijo de Ronald Reagan y una economista hayekiana y ultraderechista, Barbara Kolm—, permite la concesión de territorios, incluyendo a sus habitantes. Los empresarios son los gobernantes e imponen sus propias leyes, pueden expropiar tierras y crear policías y juzgados, y no tienen que pagar impuestos. Parece una distopía, pero no, es lo que están viviendo nuestros vecinos, y es el tipo de país que intentan construir en Guatemala algunos miembros de la más rancia y corrupta élite económica.

Segundo, el hartazgo por la violencia. En lo que va del año, ha sido asesinada una mujer cada 18 horas. Las maras y las organizaciones criminales —en el país operan el cartel de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas— viven al amparo de las fuerzas de seguridad hondureñas. Pero no solo ellos están cerca del poder público, también lo están aquellos que desean silenciar las voces defensoras de los derechos humanos, como Berta Cáceres. Un informe independiente refiere que su asesinato no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia promovida por la empresa Desarrollos Energéticos, S. A., apoyada por funcionarios y aparatos de seguridad del Estado, con el fin de violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo lenca. La estrategia incluía campañas de desprestigio, amenazas y sicariato.

La corrupción, otro motivo para manifestar, es el cemento que funde a funcionarios y políticos con empresarios, narcotraficantes y otros delincuentes. Investigaciones profundas revelan un sofisticado entramado mediante el cual se ha capturado lo público para privilegiar el interés de camarillas políticas y económicas particulares con graves impactos en el ambiente, la igualdad y la gobernabilidad.

Imagine que la casa de su vecino se está quemando. Le toca ayudar a sofocar el fuego, por solidaridad y porque su propia casa está en peligro. Estemos pendientes del pueblo hondureño y esperemos que esta manifestación sea un paso firme para evitar la muerte por asfixia de la democracia.

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