Definitivamente cada vez nos damos más cuenta de la realidad, vemos cómo los Acuerdos de Paz solo sirvieron para proteger a una de las partes, aquella que surgió con acciones terroristas, secuestros, extorsiones y causó la muerte de miles de guatemaltecos, la guerrilla marxista, leninista y maoísta aglutinada en la URNG.

Hoy ellos, de la mano de jueces y magistrados de su misma ideología, se amparan bajo un decreto ley que los amnistió a instancias del entonces negociador de la paz el Dr. Héctor Roberto Rosada Granados, quien convenció al mandatario de turno Ramiro de León Carpio.

Por supuesto, la justicia en los casos de lesa humanidad que cometió la guerrilla han quedado impunes. Atinadamente un grupo de patriotas, Asociación República, se expresa contundentemente ante la presión ejercida por los simpatizantes de la guerrilla al revivir el Juicio contra el Gral. Ríos Montt.

“Ante la clara violación de las garantías constitucionales, procesales y de los derechos humanos del sindicado en la reapertura a juicio por genocidio, expone, la tergiversación de los hechos ocurridos durante los treinta y seis años de guerra envenenan el presente y el futuro de Guatemala.

“La reapertura a juicio, sin la presencia del imputado, Gral. Efraín Ríos Montt, de 89 años, por haber sido declarado incapacitado para seguir el proceso, tras un estudio sicológico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), constituye una nueva violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa, así como los principios del Código Procesal Penal de garantizar las garantías individuales durante la persecución penal y también constituye una violación a los Derechos Humanos del sindicado.

“La presencia de los miembros del cuerpo diplomático en la audiencia de la reapertura de un proceso, que ya estuvo viciado en una ocasión y ante las claras violaciones a las garantías constitucionales, legales y de Derechos Humanos, no fortalece el sistema de justicia sino compromete aún más la independencia judicial.

Reabrir un proceso, con el ánimo de retorcer la verdad, para estigmatizar o denigrar a una persona, evidencia que la guerra para algunos no ha terminado y que a la vez buscan utilizar la justicia como un instrumento para ofender y avanzar sus agendas particulares”.

No cabe duda de que las consideraciones aquí plasmadas son ni más ni menos la realidad nacional, un sistema de justicia que deja a un lado sus principios para satisfacer a activistas nacionales y extranjeros que con los millones que reciben los compensarán frugalmente.

Ninguno de los acarreados canchitos, indígenas, mestizos, garífunas o ladinos se preguntan si hubo o no genocidio, muchos ni siquiera entienden el término, pero sí llevan una pancarta con la palabrita. Pos supuesto, los acarreadores la usan como fuente de financiamiento para sus fundaciones, ONG o comités y mientras el sistema se los permita de eso seguirán viviendo.

Se llega a colmos como el del juez de Alto Impacto que menosprecia la capacidad profesional de los galenos del Inacif pidiendo una nueva revaluación en el Federico Mora, institución que se encuentra en trapos de cucaracha, sin equipo técnico, insumos y un encamamiento para que el que entra medio loco se vuelva loco de remate; además, al Gral. Ríos Montt le correspondería el Centro Médico Militar, que cuenta con profesionales en todas las ramas de la medicina, allí se les dio el tratamiento psiquiátrico a miles de soldados mutilados por los ataques terroristas de la URNG.

La ciudadanía honrada y trabajadora mira cómo esos asesinos y sus seguidores siguen impunes para siempre.

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