La función periodística es muy delicada, sacrificada y peligrosa, aborrecida por gobiernos dictadores, antes, y por funcionarios, politiqueros y poderosos, ahora. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Guatemala ha ocupado un tercer lugar en violencia contra periodistas en América Latina y Estados Unidos, seguida de México y Brasil, y en un lapso mayor, un quinto puesto con más muertos, atrás de Colombia, México, Brasil y Honduras. Las repudiables tragedias no han acallado al gremio, ni lo lograrán jamás, jamás.

No podemos olvidar los asesinatos, no aclarados a la fecha, de Carlos Orellana, en Mazatenango; Luis de Jesús Lima, en Zacapa; de Alberto Lemus Ruano y Napoleón Jarquín Duarte, en Jalapa; Federico Salazar, corresponsal de Prensa Libre y Armando Villatoro, en Mazatenango, por cuyo hecho uno de los procesados confesó haber sido contratado; pendientes de captura autores intelectuales.

Recientemente, el alevoso crimen de Ana Leonor Guerra Olmedo —indefensa dama—, el capturado por este asesinato se declaró culpable; José David Chamán, Mario Roberto Salazar, Winston Leonardo Cano, Diego Salomón Esteban, Víctor Hugo Cardona, Álvaro Alfredo Aceituno, Felipe David Munguía y tantos colegas más. Otros amenazados, atacados, baleados, capturados y a punto de ser linchados.

Recordamos a mártires del pasado, cuya voz y pluma fueron acalladas por balas asesinas de gobernantes dictadores: Irma Flaquer, Oliverio Castañeda. Mario Monterroso Armas, Jorge Marroquín Mejía. Rolando Castillo, Enrique Salazar Solórzano, José León Castañeda, Mario Solórzano Foppa, Mario Rivas Montes, Luis Alberto Romero (Timoteo Curuchiche), José León Castañeda, Jesús Marroquín, Marco Antonio Cacao, Roberto Girón Lemus, Enrique Quiñónez y muchos más. Don Isidoro Chilolo Zarco, fundador de Prensa Libre, muerto por su pensamiento ideológico expresado en su columna Problemas y soluciones.

Numerosas entidades gremiales encabezadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), pionera de esta iniciativa, mantienen una mesa técnica con funcionarios de gobierno para acelerar un Programa de Protección a Periodistas.

Los departamentales merecen mayor atención por su reconocida vulnerabilidad, pues todos saben dónde viven, trabajan o se desenvuelven.