Hasta ahora no he practicado la política partidaria ni he formado parte de equipo de gobierno alguno, aunque haya sido invitada en algunas ocasiones a participar en ambos espacios. La sentencia anterior no pide ni espera juicios de nadie, porque es una de las decisiones más personales que un ser humano puede tomar. Para mí, hacer gobierno, en su esencia más profunda, es buscar —junto con un equipo humano comprometido a partir de un horizonte común— que la justicia en su sentido más amplio llegue a toda la gente a quien se está llamado a servir, para que esta viva de la manera más libre y digna posible.

Nuestro actual y decadente sistema electoral y de partidos políticos no ofrece un marco idóneo para una participación transformadora, y disiento de quienes dicen que solo desde dentro se puede transformar un orden corrupto. Eso pasa quizás en democracias que funcionan, pero en órdenes cerrados la consigna es “o se alinean o se van”. Hay que asomarse al 2018 y preguntarse cuánto de lo que han hecho algunos pocos decentes en este gobierno va a sostenerse luego de la recomposición de los actores políticos pro impunidad y corrupción en toda la estructura del Estado.

En nuestra cleptonarcoplutocracia más bien se pasa a formar parte del aparato sostenido por los grupos de poder que han creado el marco idóneo para el ejercicio de una política dinástica corrupta. Así que la cantaleta de que no podemos opinar solo porque no hemos querido participar no me va. Muchos hemos leído y vivido a fondo el relato de Guatemala y, desde nuestro trabajo, participamos en procesos de largo aliento, impulsando iniciativas y presionando a la clase política. Desde una sociedad civil organizada y con objetivos claros también se puede ser un ente político fuerte e incidir en las agendas públicas.

Con todo lo anterior en mente, me acerco a dos informes: el último informe de gobierno presentado por Jimmy Morales el 14 de enero recién pasado, y el informe que presentó en Ginebra una comisión de 25 funcionarios (¡25!) de este gobierno, ante el comité que evaluará la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de Guatemala, los días 16 y 17 de enero. Ambos informes fueron una impostura, una carta de promesas de esas que hacen los beodos y luego no cumplen.

Nunca en un informe todo ha de ser bueno o todo malo, sobre todo en uno de gobierno, porque es algo así como una rendición de cuentas. Por eso, esos informes son poco confiables; todo parece ser de una Guatemalandia equiparable a un paraíso terrenal. En el caso del primero, no voy a entrar en los vacíos sobre corrupción, el colapso de los sistemas de salud, justicia, educación y vial, entre mucho más. Rechazo ese informe, porque no mencionó lo sucedido el 8 de marzo del 2017, cuando 41 adolescentes murieron calcinadas en un hogar de protección del Estado. Eso lo deslegitima completamente y pone en evidencia la visión de un gobierno en los temas de protección integral a niñez y adolescencia, y aún más: es inaceptable que esa masacre se pretenda ocultar, cuando es la piedra angular de un orden podrido hasta la médula.

Por otra parte, fue penoso escuchar las respuestas de las funcionarias y funcionarios públicos en Ginebra sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el país. El caso del hogar Virgen de la Asunción estuvo en el centro de la evaluación, en la cual el Estado no pudo responder apropiadamente y nos dio vergüenza ajena. Y es que lo que no se entiende y no se quiere, no se sabe defender. Entonces van 25 personas, construyen un documento de quién sabe cuántas páginas, que al final resulta siendo una impostura. Una mentira. Un engaño con apariencia de verdad. No saben que a las niñas y niños no les gusta que les mientan.

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