La inmovilización de varias propiedades del empresario Luis Gómez abre las puertas para una profunda investigación sobre el funcionamiento y el financiamiento del transporte público capitalino, un negocio en el cual se entrecruzan negativos intereses empresariales con los de políticos corruptos.

Hace poco más de un año se hicieron las primeras denuncias para investigar toda la compleja red en torno a los millonarios recursos que el Estado ha otorgado a los empresarios del transporte, dinero sobre el cual no existe una rendición de cuentas y todavía queda mucho por investigar.

Solo el otorgamiento y las condiciones poco claras de un multimillonario subsidio desatan muy justificadas sospechas para que se escarbe más hondo en ese negocio, pero hasta ahora las autoridades se habían resistido a dar los primeros pasos hasta que el comisionado Iván Velásquez sugirió la creación de una fiscalía especial para investigar el opaco negocio del Transurbano.

Las investigaciones están en marcha y deberían abarcar no solo a empresarios como Gómez, sino también a diputados, políticos y funcionarios, tanto gubernativos como municipales, participantes en el otorgamiento de muchas e inaceptables prebendas.

Solo la concesión de millonarios fondos asignados en cada presupuesto a un grupo muy reducido de empresarios debería ser motivo de mayores y más profundas pesquisas, sobre todo porque entregaron recursos sin mayor requerimiento.

También se debe investigar el procedimiento para la inclusión en cada presupuesto de montos con dedicatoria específica sin que existieran requerimientos para transparentar el uso del dinero. Además, porque por parte de los beneficiados hubo posteriormente aportes millonarios a campañas electorales de quienes pudieron a su vez haber incidido de manera dadivosa en la ilegal asignación de recursos.

Tampoco debe quedar fuera de cualquier investigación la alcaldía metropolitana, que tuvo actitudes poco exigentes al concesionar numerosas rutas del transporte capitalino, precisamente a empresarios que poco después resultaron siendo socios de una empresa que a su vez le prestaba servicios a la comuna de Guatemala.

En el caso del Transurbano se llegó incluso al descaro de recibir fondos millonarios para dotar de seguridad a los autobuses y montar otra farsa conocida como paradas seguras, que nunca funcionaron. Además, muchos de esos fondos habrían sido utilizados para comprar equipo de seguridad para autobuses inexistentes.

Una de las operaciones más fraudulentas en este modelo de negocios ha consistido en cobrarle al Estado servicios de unidades que nunca han existido pero que alguien se ha encargado de normalizar para incurrir en erogaciones millonarias que han fomentado la apropiación indebida. Con este nuevo caso es obvio que se tocarán muchos intereses, pero solo con la firmeza de una investigación independiente es posible allanar el camino para lograr un efectivo y urgente combate de la rampante corrupción actual.