Si en las ciudades nos quejamos de la lentitud de los procesos de investigación penal y de investigación del delito o de la impunidad aún imperante a pesar de los esfuerzos en los últimos años, imaginemos la prevalencia de estos flagelos en las regiones más remotas del país. La efectividad de la justicia pasa por la capacidad de su acceso universal.

Aunque los beneficios de lo que hoy se hace lleguen lento a quienes estamos en el área rural, es importante que el trabajo no se detenga. Nuestro futuro depende de la continuidad de la lucha contra la corrupción e impunidad, que nos han afectado por décadas e inciden en las condiciones de subdesarrollo, privándonos de educación, salud y condiciones dignas de vida, obligándonos a muchos a migrar en busca de oportunidades.

Por eso es importante ver que la continuidad y consolidación de la incipiente lucha contra la corrupción e impunidad y, consecuentemente, la posibilidad del fortalecimiento del sistema de justicia, atraviesa uno de los momentos cruciales. La selección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) es clave para garantizar ese pilar de la justicia.

Actualmente se desarrolla el proceso en el cual una Comisión de Postulación seleccionará entre 25 aspirantes una lista de seis candidatos que presentará a más tardar el 14 de mayo al presidente de la República, quien tendrá la última palabra para designar al sucesor de la actual fiscal general, Thelma Aldana, quien dejará el cargo el 18 de mayo próximo.

El fortalecimiento del sistema de justicia, la garantía de un estado de Derecho, clima de gobernabilidad y un régimen de persecución penal efectivo, son garantía para la erradicación de la corrupción e impunidad, y eso empieza por un Ministerio Público independiente, autónomo, objetivo y técnicamente capacitado.

Si el MP cae en el círculo de la corrupción, prosperaría la impunidad y el país se hundiría. Lo hemos vivido en las últimas décadas. No podemos negar la debilidad institucional y la cooptación histórica del Estado por los poderes paralelos que hoy se ven amenazados.

Para lograr un Ministerio Público fortalecido, eficiente y capacitado, es imprescindible que a la cabeza de la institución llegue una persona capaz, comprometida y ética intachable. Debe ser un funcionario que no solo llene los requisitos formales que la ley exige como mínimo para optar al cargo, sino superar con creces los parámetros éticos, meritorios, profesionales—académicos, humanísticos y de vocación de servir a Guatemala.

Es por esto que necesitamos un fiscal general capaz de mantener la autonomía institucional, que propicie una actuación independiente en la investigación penal y que esté comprometido con la continuidad de los esfuerzos en la erradicación de la corrupción que se coordina desde hace una década con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En la medida que fortalezcamos entidades y órganos claves como el MP, podremos recuperar la confianza, como ciudadanos, respecto de nuestros representantes electos, los funcionarios públicos y hacia las instituciones. Solo así se fortalecerá la cultura del respeto a la ley, la transparencia, la rendición de cuentas y la denuncia de actos reñidos con la legalidad.

No está demás reiterar lo que dije al principio: si bien es cierto que en la actualidad el sistema de justicia no ha llegado al área rural como debería ser, eso no significa que no apoyemos la transformación. Mientras el Estado esté ausente en buena parte del país, habrá conflictividad y se limita la prosperidad que tanto anhelamos.

MarcosAntil.com