Tres detenciones ejecutadas ayer ponen en perspectiva el enorme reto que enfrenta el país para combatir la corrupción y el abuso de poder.

En uno de los casos, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a dos altos funcionarios de Gobernación durante la administración del Partido Patriota (PP), a quienes se sindica de haber hecho contratos anómalos para la adquisición de automóviles blindados, y en este nuevo escándalo también está involucrado el entonces ministro Mauricio López Bonilla, quien fue notificado en prisión de la nueva sindicación que le hace el MP.

Los capturados ayer son el ex viceministro de Gobernación Manfredo Vinicio Pacheco y el exdirector de la Policía Nacional Civil Walter René Vásquez Cerón, quienes, junto con López Bonilla, enfrentan ahora cargos por haber actuado de manera ilegal y haber incurrido en abuso de poder en la contratación de 47 vehículos blindados, cuyos contratos alcanzaron la cifra de Q32 millones.

La tercera detención es la del exdiputado Mario Gerardo Yanes, quien integró las filas del partido Libertad Democrática Renovada y está sindicado de tráfico de influencias por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por haber solicitado plazas de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, gestión que habría efectuado con el entonces titular de esa cartera, Édgar Leonel Rodríguez Lara, de lo cual existe una grabación.

En ambos casos es reiterativa una práctica que claramente riñe con la legalidad y que se había vuelto común durante la administración patriotista, y por ello es que casi todos los contratos efectuados durante ese gobierno mantienen un tufo a corruptela, porque era una práctica extendida, de la que difícilmente quedó indemne algún funcionario.

De hecho, buena parte del gabinete de Otto Pérez Molina se encuentra tras las rejas, a la espera de enfrentar a la justicia por diversos señalamientos, y es probable que esta sea una larga secuela que podría trascender a la administración patriotista, pues para nadie ha sido un secreto que Guatemala ha estado inmersa en la rapiña de los recursos públicos y de esto ninguna administración sale airosa.

En buena medida, esto ocurre porque los mismos políticos se han encargado de maniatar a las instituciones, nombrando a funcionarios indolentes e incapaces de cumplir con sus obligaciones, como sucede en la Contraloría General de Cuentas, que carga buena parte de la responsabilidad por el latrocinio al que fueron sometidas la mayoría de las instituciones.

Esas designaciones interesadas, que poco tienen que ver con el buen funcionamiento institucional, son las que mayor daño le han hecho al país, porque los funcionarios resultan no solo maniatados, sino que prácticamente se convierten en cómplices de la inmoralidad.

Una triste imagen que se complementa con la solicitud de retirarle el antejuicio a Anthony Giovanni Pivaral de León, hoy flamante juez de Paz, quien fungió como director del Sistema Penitenciario en la gestión del PP.