El aletargado Congreso que en los años anteriores no trabajó, no aprobó leyes, no hizo propuestas serias para mejorar lo que nos atrasa y nos tiene en situación de rezago, ahora resulta que acelera el paso en el momento que ya muchos diputados van de salida. ¿Realmente a qué obedece esta repentina reacción?

Aprueban en primera lectura la Ley de Desarrollo Rural, No. 4084, ley que ya fue señalada como nociva, además de adolecer de una serie de inconstitucionalidades, lo que a los diputados no les importa en lo más mínimo.

La bancada ponente de la iniciativa fue la de la UNE, que en una actitud clientelar previa a la segunda vuelta electoral pretende agenciarse el apoyo de los que creen que serán beneficiados con la ley. Este Congreso dejó por un lado importantes leyes como la Ley de Servicio Civil, La Ley del Organismo Legislativo, la Ley de Compras y Contrataciones, leyes que no son para nada clientelares y lógicamente no son para nada populares.

La Ley de Desarrollo Rural, como está concebida, le daría un golpe al plexo, a los Cocodes y Comudes, pues crea un Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, pasando por encima de lo establecido en el artículo 255 de la Constitución, que claramente define que son las corporaciones municipales las que deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que sean necesarios.

El artículo 183 de la Constitución dice que es función del presidente de la República, en consejo de ministros, coordinar la Política de Desarrollo de la Nación, función que no es delegable a ningún ente que pretenda interferir o dictar políticas según sus intereses.

La ley establece reglas para el uso y tenencia de la tierra violando la norma constitucional que garantiza la propiedad privada. Una ley ordinaria no puede reformar ni siquiera un artículo de lo plasmado en la Constitución.

Anula la función del Ministerio de Economía, pues dice que se revisarán todos los convenios internacionales y los tratados comerciales, lo que viola el artículo 132, quitándole a la Banca Central y a la Junta Monetaria sus atribuciones. Se entromete en la política laboral, pues en el artículo 14 se ignora al Ministerio de Trabajo, que es el único competente en materia laboral.

En el artículo 15 relativo a Desarrollo Social y participación política prácticamente se saltan la Ley Electoral y de Partidos Políticos, restringiendo las libertades y derechos de los ciudadanos.

Se pretende que el presidente de la República, que preside el gabinete de Desarrollo Rural, se involucre en la promoción de mecanismos diversos de cara a las consultas comunitarias. Esto viola el artículo 182 de la Constitución, ya que el presidente, al representar la unidad nacional, tiene vedado favorecer a partido político alguno. Por supuesto, este artículo ha sido violado constantemente, principalmente en los últimos dos gobiernos, con disfrazadas acciones en las que, con los colores del partido gobernante, se pintaron obras y suministros.

Además se agregaría al presupuesto de la Nación la cantidad de aproximadamente Q900 millones, con un incremento de una burocracia que ya es insoportable.

La Ley es estructuralmente incorregible, pues fue diseñada con una carga ideológica que la hace inviable.

Les recomendamos a los señores diputados que dejen ya en manos del próximo Congreso las aprobaciones con las que deberá lidiar el próximo mandatario, y que les pare esa inusitada diarrea legislativa.

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