A CADA MOMENTO, LAS SORPRESAS surgen en Guatemala de la manera más inesperada y al informar a los ciudadanos de alguna de las tantas irreales realidades de la vida nacional, traen como consecuencia pensar en soluciones urgentes. La más reciente en referencia a las recientes acciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la constituye la necesidad de albergar en carpas a las personas acusadas de hechos delictivos. El primer hecho lo constituye la necesidad de enviarlos a instalaciones militares y esto se explica con facilidad a causa del riesgo de muerte implícito en el ingreso a cualquiera de los centros carcelarios del país, verdaderas “repúblicas” fuera del alcance de la ley.

ESOS CENTROS USADOS COMO cárceles ya se llenaron y por eso ha habido necesidad de utilizar carpas para realizar las diligencias judiciales. A consecuencia de ello, la atención pública se ha dirigido al sistema carcelario cuyas principales características son esa ya mencionada “independencia” de los presidiarios, así como las inhumanas condiciones de las celdas, los comedores, los sanitarios, y todo lo demás. Quien llega por primera vez a uno de esos lugares por delitos no violentos se encuentra de pronto en un submundo increíble, donde las vejaciones más abominables contra el ser humano constituyen lo común, y esto, al estar unido a la escuela de crimen, contribuye a convertir en criminales consumados y sobre todo igual de inhumanos.

EL COMISIONADO DE LA CICIG, Iván Velásquez, ha sugerido buscar la forma de descongestionar los presidios por medio de medidas sustitutivas, con excepción de los casos de alto impacto. La idea debe ser analizada con toda seriedad, pero previamente también es indispensable decidir cuándo aplicarlas, porque la sugerencia tiene sin duda la finalidad adicional de evitar la corrupción y burla de la ley implícita en aquellos casos de quienes se ven obligados a refugiarse en hospitales después de accidentes de tránsito, por ejemplo, gracias a informes no siempre justificados, necesitan recurrir a darle mordidas a los agentes policiales a fin de obtener reportes favorables. Entrar a una cárcel guatemalteca significa un riesgo demasiado alto.

EVIDENTEMENTE, NO HAY una salida inmediata al problema de hacinamiento carcelario porque implica, para comenzar, aumentar la capacidad de encarcelamiento del país, proceso complicado a causa de la tan abusivamente rampante corrupción. Por otra parte, Guatemala se encuentra en una etapa en que deben aplicarse los correctivos necesarios para rescatar la institucionalidad y la confianza ciudadanas por la vía de la aplicación inmediata de la justicia, todo lo cual compite con las urgencias de arreglar temas relacionados con la salud, la educación y la seguridad, esta última relacionada de manera directa con el tema del combate a la criminalidad, sobre todo aquella cuyos efectos alcanzan a los niveles sociales intermedios y populares.

OTRO FACTOR INDUDABLE lo constituye la interrelación de diversas situaciones del país. La valiosísima lucha contra la corrupción y a favor del imperio de la ley se relaciona con asuntos complementarios como los aquí señalados. La prioridad de las inversiones, y de aquellas a corto plazo, constituye otro reto. Por ello, la búsqueda de soluciones de gran inventiva e ingenio, adaptadas a la realidad nacional, se vuelve tarea importantísima. Sería aún más irreal solicitar al MP y la Cicig reducir el ritmo de sus acciones a causa de no haber lugar para quienes están siendo investigados por delitos de corrupción. No se puede arriesgar la tarea a favor del país realizada en la actualidad y al mismo tiempo es necesario reducir el riesgo para la vida humana.