Hemos visto con desaliento cómo durante décadas Guatemala ha sido incapaz de reponerse al golpe dado, en 1954, a su embrionaria democracia; hemos visto las consecuencias del sistema corrupto, injusto, pero también hemos constatado, en un par de años, un camino esperanzador, de recompostura social que se abre en la lucha contra la impunidad. Por eso, muchos manifestamos nuestro apoyo al comisionado Iván Velázquez, quien ha venido desarrollando una labor importante, histórica al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Las acciones en favor de nuestro país, efectuadas por la Comisión, son científicas, están a la vista en cifras y calidad. A estas alturas del partido, Velázquez tendría que ser un tonto como para mandar a provocar la muerte de nadie. Es lo que pretenden hacer creer al montar una querella en su contra, y también contra Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Querella que ya fue trasladada por el OJ al juzgado Cuarto de Primera Instancia.

En pocos años al frente de la CICIG, Velásquez ha hecho lo que no se había conseguido en décadas de subdesarrollo colegiado. Para decirlo en escenarios prácticos, si no hubiera sido por sus investigaciones y soporte al MP, quienes cooptaron el Estado estarían dándonos camelo por televisión. Ahora mismo, el país sería gobernado por el prófugo Alejandro Sinibaldi. Seguirían fortaleciendo su estructura ilegal Otto Pérez, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Juan de Dios Rodríguez, veintenas de altos funcionarios detenidos, empresarios corruptos, diputados vendidos, jueces, magistrados involucrados en los casos la línea 1, 2 o 3; los negociantes de la salud y el bufete de la impunidad. No importan los nombres, pues estos son transitorios en un sistema secuestrado y en perpetuo relevo de fuerzas oscuras que por ahora dominan al fantoche Jimmy Morales.

Por lo mismo, innumerable cantidad de personas ha manifestado su apoyo al jefe de la CICIG. En un país manipulado, sin embargo, es penosamente normal que los logros traten de ser trocados en daños. Se le monta una querella y se difunden mensajes de soberanía, de igual manera que en días posteriores a los golpes dados a la corrupción el Cacif, la Cámara de Radiodifusión y algunos personajes publicaron comunicados o escribieron columnas sobre el debido proceso y la presunción de inocencia. Se intenta así persuadir al público que a esa pobre gente se le acusa sin pruebas. Lo mismo se podría decir de los jefes de pandillas, los violadores; todos pueden argumentar que merecen estar en sus casas porque no se les ha probado que sean culpables.

La sociedad recorre un difícil camino para llevar a juicio a los criminales. Son meses de investigaciones que desembocan, si todo va bien, en un juicio. Antes de llegar a ese momento, los corruptos intentan obtener arresto domiciliario y el pago de una fianza. Reciben trato preferencial en cárceles exclusivas y pagan millones de quetzales a sus abogados. Si permanecen encarcelados, ya sea en prisión preventiva o condenados, aprovechan su estadía para recomponer sus fuerzas y garantizar el disfrute de lo robado para cuando salgan de la cárcel. Igual que los mareros, tienen gente afuera. Pronto pedirán reducción de penas por buena conducta. Presentarán constancias de que fueron acólitos, carmelitas descalzas. Intentarán corromper jueces que les concederán beneficios. Jueces que tarde o temprano quedarán expuestos, abandonados en medio de la traición, también desnudos en ese largo y espinoso camino.

@juanlemus9