El presidente Jimmy Morales ha perdido el control en la conducción del Ejecutivo y desafiantes acciones se convierten en una seria amenaza para el ordenamiento constitucional. Cada vez se hace más evidente que son otras las personas las que toman las decisiones, aprovechándose del mandatario, por su vulnerabilidad ante la justicia.

Ayer, una vez más, se filtró por medio de las redes sociales una carta en la que se ordena a los empleados de Migración no permitir el ingreso del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos desde el pasado lunes. Quienes la ejecuten desobedecerían órdenes expresas de la Corte de Constitucionalidad y enfrentarían a la justicia por desacato.

Parece que las acusaciones de corrupción contra el presidente y parte de su entorno más cercano le han obnubilado el razonamiento y la precariedad con la que había asumido el cargo se ha agravado, al extremo de tomar decisiones con tinte autoritario y de alto riesgo.

Si continúan esas acciones, el país pagará demasiado caras las consecuencias de la inexperiencia, el oportunismo y el descaro de quienes tienen secuestrado al poder Ejecutivo, desde el cual se impulsan medidas ilegítimas, algunas de ellas por ser asuntos de Estado y en consecuencia deben ser avaladas por otros poderes, como es el caso de la ratificación o no de los convenios internacionales.

Los últimos pasos dados por la rosca que manipula al presidente son preocupantes porque amenazan con escalar a otras medidas propias de toda satrapía. Siendo Morales uno de los presidentes más débiles de nuestra historia, no se puede esperar que asuma con pleno conocimiento el reto que tiene ante sí, lo que hace mucho más arriesgada su administración, al no saberse con certeza quiénes lo conducen al despeñadero.

La situación es tan grave que paralelamente a los desaciertos gubernamentales se une el abuso de poder en el Legislativo, donde el Pacto de Corruptos pretende modificar leyes en favor de la impunidad, como la maniobra para ser ellos quienes se conviertan en juez y parte sobre el desempeño de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que solo cabe en la estrechez mental de quienes creen que con eso lograrán evitar su cita con la justicia.

Guatemala debe repudiar el moralazo y los esfuerzos gansteriles que se impulsan desde el Congreso, porque desde ambos organismos se busca apañar la cultura de la ilegalidad para implantar la dictadura de la corrupción y la impunidad, pretendiendo quebrantar el ordenamiento constitucional. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo es de donde más se perciben las más serias amenazas contra la seguridad, la paz y el bienestar de los guatemaltecos, y no como lo exponen los fantasiosos comunicados del Gobierno.

Los efectos de la insensatez de muchas decisiones tarde o temprano los pagarán todos los guatemaltecos, sobre todo la generación de los niños de hoy, que sufrirán por cualquier decisión internacional para reducir los programas de cualquier tipo de asistencia, a causa, además, de la tozudez de no aceptar la lucha contra la corrupción en Guatemala.