Segundo, en el ámbito económico lo que está en juego en Grecia es el grado de austeridad de la política fiscal.  Específicamente, se están negociando los ajustes del gasto público y de los ingresos fiscales que Grecia tendría que realizar para pagar su deuda.    El debate sobre este tema es complejo, porque su origen es la irresponsabilidad fiscal: altos déficits y endeudamiento acelerado provocados por las autoridades griegas previas.  Incluso falsearon algunas de las estadísticas que hubieran permitido detectar estos problemas tempranamente.  Frente a ello hubo una respuesta fundamentalista que exigía que  los griegos debían pagar por sus excesos.  Socios europeos liderados por Alemania le exigieron a Grecia una extrema austeridad y la contracción del gasto público.  Para mantenerse en la Eurozona el anterior gobierno griego aplicó entonces una política de austeridad extrema.  El costo fue altísimo: la producción cayó desde el 2010 en un 25%, el desempleo subió a un 26% entre la población en general y alcanzó a uno de cada dos jóvenes griegos.  

Quizás el impacto más importante de esta extrema austeridad aplicada en Europa, y especialmente en Grecia, ha sido social y político. Ha favorecido el surgimiento de tensiones sociales y de fuerzas extremas, y ha generado condiciones de  inestabilidad.  Era lógico que la población griega reaccionara en contra de tal descalabro, sacando del poder al gobierno que había impuesto la austeridad a ultranza.  De nuevo la política se impuso a la economía.  Además, la recuperación económica de  Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, en contraste con la Eurozona, demuestra cómo una política fiscal de cierto relajamiento, transitoria, acompañada por una política monetaria aún más relajada —y que ha dado lugar a tasas de interés cercanas a cero—  favorece la reactivación.  

Ahora el acuerdo alcanzado con el nuevo gobierno griego, de extender el  paquete de apoyo financiero vigente por cuatro  meses, abre el espacio para negociar.  Es imposible que Grecia reduzca su deuda de un 175% del PIB ahora (recordemos que Guatemala anda en un 25%) a 110% en 2022 mediante una severa reducción del déficit fiscal, como quisieran algunos socios europeos.  Tendrán que contemplarse procesos más graduales, e incluso condonaciones de la deuda, como se acordaron en América Latina después de la dolorosa crisis de la deuda de los años de 1980.  Al condonar parte de la deuda prevaleció una respuesta política y se descartó la respuesta fundamentalista de que las sociedades debían “pagar” los excesos cometidos por gobiernos previos.  La reactivación económica subsiguiente demostró que la respuesta política era la correcta.

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