Son ya varios los episodios en que hemos visto a jueces y juezas que rechazan quitar la inmunidad a políticos y funcionarios en ejercicio de funciones públicas que han sido señalados por el Ministerio Público y la Cicig por posibles ilícitos que deberían ser investigados. En realidad, estos políticos con derecho de antejuicio deberían ponerse por iniciativa propia a disposición de la justicia. Hacerlo de manera voluntaria debería ser visto como algo fundamental y estratégico en la defensa de su “ser político” pues se trata de descartar cualquier duda sobre su probidad, a partir de la máxima aquella que dice que “quien nada debe, nada teme”.

Sin embargo, en nuestro país, que tiene todos los cánones y códigos distorsionados, lo que estamos viviendo es todo lo contrario: una serie de funcionarios con derecho de antejuicio que se defienden con uñas y dientes frente a la posibilidad de ser investigados; que alegan que cualquier señalamiento que haga el MP sobre una posible comisión de delito es un “hecho político” meramente porque se le hace a un político en funciones.

Como han convertido el derecho de antejuicio en un blindaje de impunidad, el Ministerio Público se ve obligado a seguir el curso establecido en ley y solicitar al Organismo Judicial que se pronuncie. Lo más triste y decepcionante es ver que hay jueces y magistrados que impiden que ocurra este hecho básico de la búsqueda de justicia que es la investigación, y que, en consecuencia, terminan convirtiéndose como mínimo, en cómplices de la impunidad.

¿Qué hace que un juez traicione de esta manera a la justicia? Indudablemente hay un componente de ética individual en el hecho. También está que, en general, los jueces, al igual que otros funcionarios, pueden estar mal pagados, carecer de condiciones idóneas para ejercer su delicada función y todo ello los haga más susceptibles de pervertir su función social a cambio de mejoras socioeconómicas o movilidad social que el sistema no les confiere de otra manera.

Buscando una respuesta más compleja a esta interrogante, me encontré con una entrevista que hizo un periodista a un juez de otro país. El juez sintetizó su respuesta de esta manera: “La justicia se arregla con dinero, no con el Derecho; el sistema acusatorio está tan mal montado que hace posible la corrupción”. Es más, cuando el fenómeno de la corrupción se generaliza, los jueces pueden llegar a actuar como un cártel”. También defenderse entre sí, diría yo. Más grave aún, añadió el entrevistado: “Cuando un juez es comprado, dicta su fallo u otorga su beneficio con argumentos jurídicos. Por eso es tan difícil desenmascararlos. Por más absurdo que parezca ese beneficio, el juez sabe cómo argumentarlo para que tenga una apariencia de legalidad”.

Otro factor importante que señaló el entrevistado es que el juez no tiene contrapeso, mientras que, en el sistema norteamericano, por ejemplo, existe la figura del “jurado de conciencia”, integrado por ciudadanos escogidos al azar que tienen voz en la determinación del valor de la evidencia aportada y en el veredicto. Solo eso ya hace más difícil que el proceso se corrompa o que el juez sentencie más blando que lo que procede, motivado por otros incentivos.

En el caso del sistema de justicia en Guatemala, creo que hay que revisarlo todo de nuevo. Es notorio que hay jueces a los que “casualmente” siempre les caen los casos de los políticos sospechosos de ilícitos. Me dicen que el sistema asigna al azar… sinceramente, ¿cuán cierto es eso? Y si ni eso es transparente, ¿cómo podremos asegurar todo lo demás? Debería ser materia de preocupación de quienes claman todo el tiempo por el debido proceso.

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