La injerencia de los poderes fácticos en el Organismo Judicial (OJ) está a la orden del día. Desde las entrañas mismas del sistema judicial se está acosando a jueces y jueces íntegros y comprometidos. Los más recientes casos son los de Patricia Gámez y Jenny Molina, a quienes el presidente del OJ, Josué Baquiax, ha decidido trasladar de locación sin causa justificada. En el caso de la primera, jueza de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, tras renovar su mandado se ha querido trasladarla a Huehuetenango. La segunda, jueza de Primera Instancia de Familia de Santa Rosa, ha sido asignada a un juzgado civil en Petén. Preocupa que Baquiax las mueva a lugares distantes de sus domicilios.

Llama la atención que la orden de traslados injustificados sea dirigida a juezas y jueces que apoyaron y acompañaron a la exmagistrada Claudia Escobar, quien se atrevió a denunciar públicamente el tráfico de influencias y la corrupción del proceso de elección de magistradas y magistrados a las Cortes y Salas de Apelaciones realizado en el 2014.

Asimismo, se están tomando medidas para vedar el desarrollo y desempeño profesional de estas juezas y jueces, como el caso de Marco Antonio Villeda, impulsor del primer juzgado de Extinción de Dominio en Guatemala, a quien la Cámara Penal del OJ no le autorizó viajar a Panamá para participar como docente en una conferencia regional de extinción de dominio organizada por el Sistema de Integración Centroamericana (Sica).

Del lado de la ciudadanía sigue la judicialización de líderes y lideresas opuestos a los proyectos extractivos. El 24 de marzo Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes maya q´anjob´al, fueron detenidos en la ciudad capital por los supuestos delitos de coacción, amenaza, incendio y detenciones ilegales en la Finca San Luis, ubicada en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Hechos ocurridos el 2 de diciembre del 2013.

Lo contradictorio es que el juez de Instancia Penal de Santa Eulalia, Otto Felipe Velásquez, viajó desde ese lejano municipio para escuchar la primera declaración de los detenidos realizada el 27 de marzo en la Torre de Tribunales. Él justificó su venida al expresar: “Vine para asegurar el debido proceso de los sindicados y para que se respeten sus derechos”. Al no encontrar suficientes elementos de prueba por los delitos que les imputaba el MP, el juez les dictó arresto domiciliario, ello implicaba que Juárez y Baltazar deberían firmar cada quince días en el juzgado de Santa Eulalia.

Sin embargo, cuando ambos líderes se preparaban para salir de la Torre de Tribunales, agentes del DEINC los capturaron nuevamente. La orden de detención la emitió el mismo juez Velásquez el 25 de marzo del 2015. Ahora los acusan de los delitos de plagio, secuestro e instigación para delinquir. Supuestamente estos delitos fueron cometidos por Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar el 23 de enero del 2014.

Contra Rigoberto Juárez Mateo hay otras once acciones legales. Lo más indignante es que el MP pida que el caso lo conozca un juzgado de Mayor Riesgo de la capital.

Entonces, cabe preguntarse ¿cuándo la justicia se independizará de los poderes oscurantistas?