Desde el 2008, la empresa valenciana Hidro Santa Cruz, S.A., ha pretendido construir de manera arbitraria una hidroeléctrica sobre un río vital para la vida de varias comunidades del municipio de Barillas, Huehuetenango. Ante tal amenaza, Antonio Rogelio Velásquez López y Saúl Aurelio Méndez López, junto a otras lideresas y líderes empezaron a dirigir la resistencia comunitaria. La respuesta represiva del Estado no se hizo esperar, se giró una orden de captura contra ellos y están en prisión preventiva desde el 27 de agosto de 2013.

Saúl y Rogelio integran la lista de los más de cien privados de libertad capturados por defender los bienes naturales a lo largo y ancho del país. Desde que empezaron a operar las empresas mineras, hidroeléctricas y de agrocombustibles en Guatemala, se encarcela, intimida y censura a quienes por conciencia social y ecológica denuncian los graves daños socioambientales y las graves violaciones a los derechos humanos que tales empresas han causado y causan con total impunidad a diestra y siniestra.

El 28 de octubre del presente año, después de dos años encarcelados injustamente, el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango, por consenso, resolvió dictar sentencia absolutoria a favor de Saúl y Rogelio. En su dictamen estableció que el MP no logró aportar pruebas fehacientes sobre la supuesta participación y responsabilidad de los acusados en un crimen de femicidio y asesinato, a raíz de un linchamiento cometido en Barillas, Huehuetenango, en agosto de 2010.

La estrategia de mentir e inventar delitos contra quienes defienden los bienes naturales en Guatemala es una práctica maliciosa recurrente por parte de jueces, juezas y fiscales del Ministerio Público; con ello fomentan la impunidad y la corrupción. Así las cosas, se requiere que la ciudadanía actúe de manera organizada y solidaria para derribar los obstáculos que impiden el objetivo de lograr la independencia judicial en este país, marcado por las injusticias estructurales.

A pesar de que Saúl y Rogelio fueron absueltos, no les concedieron libertad inmediata porque dos de los jueces que integran el Tribunal enfrentan un antejuicio por haber dictaminado la medida de libertad provisional en otro caso que no está relacionado con los acusados. Con esta resolución, los dos líderes comunitarios permanecerán en prisión preventiva hasta que el dictamen quede en firme. A la luz de los hechos, tal como hemos visto el actuar del sistema de (in)justicia en Guatemala, es más probable que permanecerán encarcelados por varias semanas e incluso meses.

En este país de las injusticias y los absurdos se persigue a quienes luchan por la democracia y se premia y privilegia a quienes atentan contra ella. El ejemplo reciente es el caso de la jueza Marta Sierra de Stalling; el juez José Eduardo Cojulum la dejó en libertad y encima le exigió la risible fianza de Q200 mil. Pese a que el Ministerio Público y la Cicig la señalan de haber beneficiado a las personas implicadas en la red criminal y robadora de oportunidades la Línea.

En este contexto de impunidad judicial es urgente la depuración del MP y del sistema de justicia, así como la reforma de sus leyes orgánicas.