Hoy, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, llegará al Congreso de la República para aclarar al Pleno si participó en una manifestación llevada a cabo el pasado 8 de marzo. Según el juicio de los siete diputados que han firmado la moción para exigir la presencia del ombudsman, esta procesión —llamada por sus organizadoras, “de la poderosa vulva”— irrespetó la religión católica al satirizar un desfile religioso.

Este grupo de diputados está compuesto por Delia Bac, Javier Hernández, Estuardo Galdámez, Luis Hernández Azmitia, Felipe Alejos, Marco Pineda y Julio Lainfiesta. Entre estos hay tránsfugas, contratistas del Estado, acusados de diferentes delitos: intentar sobornar a periodistas, violencia, coacción y tráfico de influencias. Además, hay un cabildero del pacto pro impunidad en Estados Unidos, y seis aprobaron, en septiembre de 2017, las reformas en favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas, que les favorecían a ellos y a su camarilla.

Si fueran tan devotos, seguramente llevarían existencias más apegadas a los principios cristianos, como ordenan los mandamientos. Sin embargo, su vida pública no da cuenta de esto. Más bien parece ser que ese rancio fervor católico es la fachada para intentar destituir a un procurador que les ha sido incómodo al hacer de la mejor manera posible el entrampado trabajo que la Constitución de la República le manda: “la defensa de los derechos humanos”. En particular, puede ser que estos diputados, y los 85 que votaron a favor de la citación del procurador Rodas, estén intentando cobrarle la defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en particular, del comisionado Iván Velásquez, y la denuncia de acciones gubernamentales que limitan o violan los derechos de los ciudadanos.

En todo caso, aún los más viles, depravados y corruptos diputados tienen la potestad legal para cuestionar al procurador, incluso para solicitar al Pleno la cesación de sus funciones, lo que no tienen es legitimidad. Además, en el ámbito legal, resulta que han viciado el proceso que requiere, antes de llevar la discusión al Pleno, un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso —en la que participan todos los partidos políticos—, fundamentando las causas para pedir la remoción del procurador. Estas pueden ser: incumplimiento de sus funciones, participación material e intelectual en actividades de política partidista, ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos, haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso, o incurrir en incompatibilidad conforme lo previsto en la ley. Ninguna causa que pueda fundamentarse en este momento.

La Conferencia Episcopal de Guatemala ha dicho que parece sospechosa, mal intencionada e incorrecta la manipulación de los hechos del pasado 8 de marzo, alentada por algunos diputados firmantes del Pacto de Corruptos, probablemente con el fin de acallar una voz que por razón de

su cargo tiene prestigio y autoridad. De cualquier forma, algunos inocentes, sorprendidos en su buena fe y en su ignorancia, han firmado una petición —casualmente organizada de forma anónima— para exigir al Congreso la destitución del procurador. Un espectáculo tan inverosímil como encontrar ovejas limándoles los colmillos a los lobos.

Si los lobos consiguen 105 votos, se desharán del procurador Rodas y tendrán un actor menos en contra de sus fechorías. Los diputados no lo hacen por devoción —a menos que sea la devoción de los lobos— sino por el Pacto, el de corrupción e impunidad.