La aplicación clara, asertiva y fundamentada de varias leyes de relativa reciente creación ha sido una de las claves para que el sistema de justicia dé pasos en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción e incluso por la autodepuración.

El paradigma que predominó en las primeras tres décadas de democracia toca a su fin, gracias, sobre todo, al despertar del espíritu de una nueva ciudadanía, pero también a que de la duda se ha pasado a la certeza del procesamiento y castigo de los involucrados en ilícitos.

Una de las herramientas que ha dado resultados satisfactorios en cuanto a golpear fuerte las estructuras de la corrupción y de otras expresiones criminales es la Ley de Extinción de Dominio, que ha permitido enviar un poderoso mensaje a quienes se han llenado de propiedades y cuentas millonarias imposibles de justificar de acuerdo con sus circunstancias.

Desde hace más de un año, muchos exfuncionarios, pero también narcotraficantes, cabecillas e integrantes de mafias han empezado a ver cómo se les esfuman extensas fincas, lujosos inmuebles o cuentas bancarias abultadas que han adquirido de manera ilícita.

Apenas ayer se informaba de seis fincas que pasaron a poder del Estado y cuyo propietario era nada menos que el exalcalde de Antigua Adolfo Vivar, quien no solo fue uno de los funcionarios más cuestionados, sino que tampoco pudo justificar los ingresos que acreditaran su bonanza.

De hecho, en más de una ocasión y en más de una instancia de justicia se ha repetido que seguir la pista al dinero es la mejor forma de detectar los alcances de una red y a la vez permite atacar donde más les duele a los grupos criminales enquistados en el Estado. Esa misma idea es un enunciado que deberían tener bien claro los políticos y funcionarios: no se puede acceder al poder simplemente con las intenciones de acrecentar fortuna a base de manejos anómalos de los recursos.

A los exgobernantes patriotistas se les han embargado también numerosas propiedades que no pudieron justificar y cuyo monto se estima en millonarias cifras de quetzales. Aunque niegan en varios casos tener relación con los bienes, paralelamente se escuchan en los tribunales las explicaciones sobre las maniobras repudiables de testaferrato a las que pudieron haber recurrido.

Tampoco está lejos que para intentar disimular la repentina riqueza, esas personas hayan querido inscribirlas de manera anómala, alterando fechas incluso en el Registro de la Propiedad, sobre el cual tuvieron pleno control durante su extinto gobierno o una red de colaboradores en diversas instancias que operaban bajo su mando.

Sin embargo, ninguna treta legal o discursiva engaña ya a los guatemaltecos, cuya sed de justicia no solo es proverbial, sino implacable, y debe reducir los niveles de impunidad. Las leyes contra el enriquecimiento ilícito llegaron, no para quedarse en el papel, sino para convertirse en pieza clave de la lucha contra la corrupción y para la construcción de una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado.