La sustitución de la carrera magisterial  impartida en las Escuelas Normales de Guatemala, por un bachillerato con orientación educativa, no solo   perjudica a miles de  estudiantes normalistas y al gremio de educadores sino, en general,  al país, porque constituye un indirecto abandono del  interés oficial por educar a millones de personas hundidas en el analfabetismo,  uno de los grandes baches de la problemática nacional.  Pero, la supresión del magisterio es ilegal. “El Estado —dice el artículo 78 de la Constitución— promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a la jubilación que haga posible  su dignificación efectiva.  Los derechos del magisterio nacional tienen carácter mínimo e irrenunciables”.  Y el Gobierno no cumple esa obligación suprimiendo las Escuelas Normales y la autonomía de los estudios de pedagogía, para sustituirlos por centros formadores de bachilleres cuyos conocimientos van dirigidos a servir en las esferas de los negocios privados.

Por eso son bienvenidas dos resoluciones judiciales recientes. Una se origina en la Corte de Constitucionalidad con la del 20 de marzo de 2017, que ampara a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, del Cantón Xolacul, de Santa María Nebaj, municipio del departamento del Quiché, y deja sin efecto el acuerdo ministerial por el que se suprimía la carrera de maestros de educación primaria. La otra resolución corresponde a la Corte Suprema de Justicia que estos días amparó provisionalmente a varios legisladores quienes actúan en nombre de 116 Escuelas Normales.

Desde luego no han tardado en salir al aire personas interesadas en desacreditar la resolución de la Corte Suprema diciendo, entre otras cosas, que los magistrados “debieron consultar antes” de resolver a expertos en la problemática educativa.

¡Vaya ocurrencia! La única fuente que los magistrados deben consultar es el ordenamiento jurídico, y no tienen obligación de salir a las calles a preguntar cómo la Corte debe resolver los amparos. ¡Solo eso faltaba!

Lo que deberían recordar los defensores de la política del Gobierno del general Pérez Molina y de los acuerdos del Ministerio de Educación es que estos fueron impuestos a sangre y fuego contra normalistas, maestros, padres de familia y otras personas. Y nunca se vio a esos profetas de la destrucción del magisterio salir en defensa de los adolescentes agredidos y de quienes los apoyaban. A propósito de lo cual se debe recordar que una de las peticiones de los indígenas que se reunieron a protestar en el kilómetro 170 de la carretera Interamericana, en el lugar conocido como Alaska, era la suspensión de los acuerdos que ponían fin a la carrera de magisterio.

El Gobierno ordenó disolver a como diera lugar esa manifestación y causó 7 muertos y 35 heridos de bala, en lo que se ha conocido como la primera masacre oficial en tiempos de paz. Tampoco se ha visto a esos defensores de la imposición forzosa del bachillerato, hablar de los dos millones quinientos mil niños en edad escolar que no pueden asistir a escuelas, porque estos centros educativos son insuficientes; ni dicen nada de las instalaciones escolares que están siempre en muy malas condiciones; ni de los hechos probados de que todo mejoramiento en la formación de los maestros puede intentarse sin suprimir la carrera de magisterio y sin cerrar las Escuelas Normales, como se hace en países europeos donde nacieron las Escuelas Normales y son sostenidas por el Estado, hasta la fecha.