Un arma al cinto es un símbolo distintivo de Otoniel Lima Recinos, alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, contra quien ayer el Ministerio Público pidió retirar el derecho de antejuicio, al acusarlo de integrar una banda de narcotraficantes.

Las autoridades efectuaron ayer operativos en ese departamento, en Petén, San Marcos y Suchitepéquez, y capturaron a varias personas, a quienes vinculan con un caso denominado Narcotráfico y Política.

La narcopolítica es una de las actividades que más han impactado en las sociedades latinoamericanas durante las últimas tres décadas, y el término se hizo popular a raíz de los pasos osados que dieron en Colombia los narcotraficantes, quienes al perder la confianza en los políticos participaron ellos mismos en procesos electorales.

Esa plaga hizo metástasis hasta llegar a los más recónditos rincones de la geografía latinoamericana, donde caciques locales llegaron a empoderarse, con el auxilio de narcotraficantes y, fuertemente armados, amedrentan a los opositores, someten a autoridades y aterrorizan a las comunidades, en una mezcla letal para la sociedad.

Esa promiscuidad entre criminales y autoridades surgidas de elecciones llegó a convertirse en un escándalo en varios países, aunque en el fondo solo la violenta metodología los diferenciaba de otras mafias que tradicionalmente han influido en los procesos electorales para llegar al mismo objetivo: tener a los políticos al alcance de la mano.

Uno de los mayores retos para sociedades como la guatemalteca es que, ante una institucionalidad tan debilitada, el empuje de la criminalidad se vuelve prácticamente inatajable y paralelamente ocurren otros ilícitos que acrecientan la inseguridad, el tráfico de influencias y una conducta irresponsable al frente de los cargos, donde se extravían las prioridades de los gobernantes.

Los procesos electorales se vuelven por eso cruciales, porque son poderosas las razones que mueven al crimen organizado para influir en favor de su causa, objetivo que comparten con otros grupos de poder para maniatar a la mayor cantidad de autoridades electas.

En Guatemala sorprende que sean tan pocos los casos de autoridades involucradas con los grandes líderes del narcotráfico, cuando es sabida la febril actividad en varios municipios aledaños a zonas fronterizas o cercanos a desoladas playas.

Resulta también difícil de creer que apenas un puñado de empleados municipales de un remoto municipio, junto al alcalde, puedan ser los únicos involucrados en un negocio multimillonario que tampoco da señales de ceder terreno, pues Colombia se ha posicionado de nuevo como el mayor productor de cocaína en el mundo y los índices de consumo tampoco ceden en Estados Unidos.

El auge del crimen organizado en torno al tráfico de drogas debe verse con extrema preocupación porque Centroamérica se ha convertido en un corredor de estupefacientes, y por ello es enorme el esfuerzo de los grandes capos por controlar extensos territorios. En este nuevo caso tampoco se descarta la participación de otras autoridades ni de integrantes de otros poderes del Estado.