Recientemente, una delegación técnica de las Naciones Unidas, presidida por la jefa de Gabinete del Secretario General, la argentina Susana Malcorra, concluyó una visita a Guyana y Venezuela, acordada en septiembre entre Maduro, Granger y Ban Ki-moon. “La jefa de Gabinete está satisfecha con el progreso hacia una salida a la controversia que sea mutuamente beneficiosa”, señaló el portavoz de la ONU Farhan Haq. En Georgetown, el presidente Granger tiene como asesores para el tema de la controversia por el territorio Esequibo, entre otros, a Sridath Ramphall, el primer canciller de Guyana y ex secretario general del Commonwealth, el ex Canciller Rashleigh Jackson y Cheryl Miles, quien fue embajadora en Caracas entre 1986 y 1993 y ha sido nombrada de nuevo como jefe de misión en Venezuela. Todos ellos han trabajado en la controversia con Venezuela a lo largo de cinco décadas, sirviendo a gobiernos de diferentes partidos.

En Caracas, el presidente Maduro nombró una comisión presidencial de alto nivel, presidida por el vicepresidente Arreaza e integrada por altos funcionarios como la Canciller, el Ministro de la Defensa, el Procurador General, entre otros. Estos funcionarios tienen otras funciones que atender; por tanto, la Comisión no es la más adecuada para enfrentar el complejo proceso de negociación previsto en el Acuerdo de Ginebra. Además, el negociador oficial con Guyana es el embajador Roy Chaderton, que sigue teniendo otros cuatro cargos que atender. Recientemente dejó de ser embajador en la OEA, pero sigue siendo representante de Venezuela en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, miembro del Consejo de Estado, diputado principal en el Parlatino y ahora es el encargado de dirigir las relaciones internacionales del comando de campaña electoral del PSUV y aliados, en las elecciones parlamentarias. Un cargo partidista para un negociador que debe representar al Estado en un asunto que involucra la soberanía del Estado. El negociador debería ser a tiempo completo y ser asistido por un equipo de funcionarios y apoyado por una comisión de expertos. Por cierto, tengo información de que también los asesores de la Comisión Presidencial, salvo muy escasas excepciones, no tienen mucho tiempo estudiando el tema de la controversia.

Guyana, en la controversia con Venezuela, tiene una política de Estado. El Gobierno busca y obtiene el apoyo de la oposición, los expertos de Guyana son los mismos desde hace medio siglo, independientemente de su posición política. En Venezuela, en cambio, hace falta una verdadera política de Estado, por encima de las diferencias políticas, para un asunto de Estado. El Gobierno debería buscar un gran consenso nacional, a través de la consulta y el diálogo con los diversos actores y expertos nacionales, explorando los caminos más convenientes para avanzar en nuestra reclamación. En la defensa de los intereses permanentes del Estado venezolano y, en particular, de la soberanía nacional, la unidad debería ser un imperativo insoslayable.