Consideremos esto detenidamente. En Guatemala el 95 por ciento de los delitos (desde un hurto hasta un asesinato calificado) quedan en impunidad. Más del 70 por ciento de los niños menores de 5 años padecen desnutrición. 7 de cada 10 niños que inician estudios primarios no la terminan. De 250 mil jóvenes que culminan el ciclo diversificado, menos de 10 mil logran obtener un trabajo calificado. El 90% de ríos y lagos del país están contaminados.  Más del 50 por ciento de los guatemaltecos mueren sin haber sido tratados nunca por un doctor. La infraestructura vial del país en su mayor parte es inútil y altamente peligrosa. Los sitios arqueológicos precolombinos son saqueados y destruidos con total impunidad. Podríamos inundar las páginas de este diario con más y más datos dramáticos e incluso, devastadores. La síntesis obligada —producto del sentido común— es que, un país en esas condiciones, debería tener ya un gobierno altamente capacitado, dotado de cuadros profesionales de probada experiencia, transparentes en el manejo de los recursos públicos, articulados todos en una agenda de Estado apuntalada por políticas públicas exitosas.

Pero ocurre todo lo contrario. De 1954 a la fecha nuestro país ha estado en manos de una organización criminal sofisticada, que se apuntaló con la partidocracia más corrupta de América Latina, que además de cobarde y servil, ha figurado siempre como cómplice directa de un sistema económico y político aberrante, provocando que más del 80 por ciento de la población nacional esté debatiéndose entre la pobreza y la pobreza extrema. Partidocracia cruel que se ha repartido la presidencia de la república, los ministerios, las curules parlamentarias y muchas magistraturas del sistema judicial. La corrupción y la impunidad han sido su agua y su oxígeno, los carburantes que les han enriquecido a niveles inimaginables. Mientras tanto, el pueblo mayoritario durante decenas de años ha intentado sobrevivir en las más precarias condiciones. No menos criminales han sido aquellos mal llamados funcionarios, que desde el ámbito electoral se han encargado de organizar ese falso ritual electoral que les garantiza cada cuatro años la reproducción de un modelo político criminal. Deberán ser juzgados también por el inmenso daño provocado a nuestra patria. Ese crimen organizado, verdadero gobernante en Guatemala, jamás buscará promover funcionarios eficientes y honestos. Por el contrario, sus principales cuadros son las piezas claves que le permiten a ese negro engranaje seguir y seguir saqueando a nuestro pueblo.

En menos de dos meses, 5 campesinos —todos activistas— han sido cobardemente asesinados. Cientos de compatriotas perdieron la vida producto de un evento natural que podía ser enfrentado con éxito, porque se contaba con todos los recursos para movilizar a esa población ingratamente martirizada. Son demasiados los padres de familia atormentados por la falta de un empleo y un ingreso. Pequeños y medianos empresarios van a la quiebra todos los días. Las legiones de pobres que se abalanzan en las calles por un poco de comida crecen indeteniblemente. Espeluznante realidad que no cambiará mientras esas mafias sigan enquistadas en las instituciones del Estado. Y eso nos exige a todos los ciudadanos mayor organización, participación, movilización y acciones contundentes. Esa mueca cínica de los diputados que pretenden “legalizar la impunidad” deberá ser la última expresión de un modelo político y económico desgarrador. Más allá de nuestras diferencias, la unidad popular es ahora nuestro único camino.

manuelvillacorta@yahoo.com