Los gobernantes, la clase política y las élites de Centroamérica deben aprovechar la propuesta lanzada por el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de impulsar un plan de desarrollo para la región. Aunque detener la inmigración es uno de los principales objetivos, esta no parará si no se sientan las bases para combatir las causas.

La propuesta es oportuna porque los países del Triángulo Norte de Centroamérica atraviesan por una coyuntura difícil y, al igual que México, deben enfrentar el reto de combatir la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico, flagelos que le han dado sustento a una economía subterránea con delicadas ramificaciones en el continente.

El proyecto apenas se conoció el pasado sábado, con la firma de los presidentes de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y dicha tarea queda en manos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que deberá presentarlo en los primeros tres meses del próximo año.

Si bien es cierto que frenar la migración es un objetivo comprensible, se debe aprovechar el concurso de la Cepal en la búsqueda de soluciones a esa problemática, aunque lo más importante será sentar las bases de un desarrollo sostenible para la región. Esa es la única vía para contrarrestar los flujos migratorios irregulares, que no son más que la respuesta a una insostenible situación de precariedad, de la cual se desprenden otros flagelos.

Solo el narcotráfico ha abierto numerosas puertas falsas en varios países, y aquí es cuando se hace necesaria también la participación de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones, pues mientras el coloso del norte no afronte con más decisión la descomunal demanda, que pone en medio a estas naciones, entre consumidores y productores, el problema no terminará.

Estados Unidos debe entender que no habrá posibilidades de cambio en la región si no se modifican las políticas de combate del narcotráfico y es necesario abrir el espacio a un balance en el destino de millonarios recursos, que no deberían dedicarse con especial énfasis a la lucha contra esa lacra ni solo en reforzar a fuerzas de seguridad coludidas con los grandes barones de la droga, sin atender el desarrollo.

Con el acuerdo firmado en México quedó claro que esta iniciativa es distinta al Plan para la Prosperidad, impulsado por Estados Unidos, y esto también plantea mayores posibilidades de desarrollo, pues López Obrador ha insistido en que se deben incrementar las inversiones de América del Norte en la región, lo cual plantea una posibilidad alentadora.

Si Estados Unidos y Canadá deciden apoyar de manera decisiva la iniciativa impulsada por México, para la región puede abrirse un espacio sin precedentes para el desarrollo de millones de personas, pero también debe haber mayor exigencia para combatir las causas estructurales del subdesarrollo.

El combate de la corrupción debe ser un tema prioritario en cualquier plan de acción regional porque ese flagelo es también responsable de la proliferación de otros ilícitos como la delincuencia organizada, temas en los cuales Estados Unidos tendrá mucho que aportar, aunque en esta etapa no sea parte del nuevo acuerdo.