Desde el 2 de marzo del 2012, los pueblos ladino/mestizo y maya kaqchikel de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a través de su incalculable e incansable esfuerzo y trabajo comunitario-familiar, han mostrado que jamás claudicarán en su acción reivindicativa de vivir en un ambiente sano libre de contaminación. Su consigna es clara: se oponen a las operaciones de la mina El Tambor o Progreso Derivada VII en sus territorios, porque avizoran que las pocas fuentes acuíferas con las que cuentan serán contaminadas por el arsénico y otros químicos utilizados para la extracción de oro y plata.

Como varios pueblos perjudicados por el extractivismo, las hidroeléctricas o la palma africana, estos pueblos son agrícolas, por tanto, defienden su derecho a la soberanía alimentaria que implica no sólo la cantidad, suficiencia y disponibilidad de los alimentos, sino la garantía de la salubridad de los mismos que no es más ni menos que la calidad e higiene del maíz, el frijol, las hortalizas, las frutas, por poner algunos ejemplos.

Sin embargo, por defender sus derechos fundamentales, el 7 de diciembre del 2012, esta resistencia social sufrió un intento de desalojo violento por parte de las fuerzas antidisturbios de la PNC. En ese mismo año, Yolanda Oquelí, una de la lideresas de este movimiento fue víctima de un atentado, pero el sistema de justicia no ha esclarecido el crimen. Luego, el 27 de mayo del 2014, agentes policiales desalojaron violentamente a integrantes de esta resistencia.

Esta resistencia social antiminera ha tenido que luchar contra arbitrarias judicializaciones en contra de sus liderazgos. El 27 de febrero de este año, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal presidido por el juez Elvis Hernández absolvió a Francisco Carrillo, Eusebio Muralles, Fernando Castro Carrillo y Gregorio Catalán. Los criminalizaban por oponerse a las operaciones de la mina El Tambor. La fiscalía del MP no logró probar los delitos que les imputaba.

A pesar de la criminalización, las órdenes de captura, los procesos de judicialización, las difamaciones y los atentados que ha sufrido, con su lema: “No a la minería, sí a la vida”, La Puya ha fortalecido su espíritu de lucha, ahí continúa con su resistencia organizada, pacífica e informada en las arterias que conducen al lugar donde la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associates (KCA) y –Exmingua– S.A., pretenden construir la planta para la extracción de oro y plata.

En ese sentido, conmemorar los tres años de la “Resistencia Pacífica La Puya”, es reconocer la perseverancia de las mujeres, los hombres, las ancianas, los ancianos, las y los jóvenes, porque no se han doblegado ni ante la sistemática represión policial y militar ni ante los procesos de judicialización impuestas por el gobierno de Otto Pérez Molina contra las lideresas y líderes que dirigen el movimiento.

Ojalá, la valiente Resistencia La Puya sirva de ejemplo para el resto de pueblos maya, xinka y ladino/mestizo donde se han orquestado y empiezan a orquestarse desde los medios de comunicación oligárquicos, una perversa campaña de criminalización, persecución y judicialización.