El jueves 21 de marzo, se hizo público el Informe Anual (2017) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su contenido muestra, una vez más, cómo en Guatemala se violan los derechos fundamentales de la población, sobre todo los de los grupos históricamente excluidos y que permanecen en una situación de extrema vulnerabilidad.

Espanta ver las cifras de incumplimiento de derechos básicos como la alimentación, salud y educación, y constatar que son los pueblos indígenas los más golpeados. Según los datos, el 60% de la población sigue viviendo en pobreza, y el número aumenta a 76.1% en zonas rurales y a 79.2% entre los pueblos indígenas. Es decir, 8 de cada 10 indígenas son pobres.

El informe también muestra cómo el hambre es un flagelo que afecta a gran parte de la población: 4 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y, en el caso de los indígenas, la cifra sube a 6 de cada 10. Con esos indicadores, estos pequeños no tienen presente y tampoco futuro. La desnutrición crónica les condena para siempre a una vida de limitaciones y exclusión.

Un dato que se repite año tras año, es el de la desigualdad que se mide a través del coeficiente de Gini: nuestro país tiene uno de los peores del mundo (0,63). Es decir, hay una minoría —que concentra el poder político y económico— que vive extremadamente bien y una mayoría que enfrenta durante toda su vida pobreza, marginación y exclusión. Otra vez, las dos Guatemalas.

Además, indigna saber que en lugar de que los recursos estatales se destinen a programas integrales de atención a la población más necesitada, buena parte del dinero que aportamos termina en las cuentas personales de personajes corruptos del sector público y privado. Imagínese usted lo que significa que, en 2015, según datos del ICEFI, el 20% del presupuesto fue vulnerable a la corrupción. ¡Y después resulta que la lucha contra la corrupción y la impunidad es la que afecta la economía y genera desempleo y pobreza!

Otro apartado del Informe se dedica a los ataques contra defensoras y defensores de Derechos Humanos. Durante 2017, según datos de la Udefegua, se registraron 438 agresiones, incluidos 12 asesinatos. La mayoría en contra de líderes o integrantes de los movimientos de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Las campañas de difamación y calumnia y el uso del derecho penal para criminalizarles siguió siendo una constante.

El Estado continuó sin garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas sobre las decisiones que afectan sus comunidades y territorios. Un dato que no es menor es el que se refiere a la violación de los estándares internacionales de derechos humanos cuando se realizan desalojos. La situación de las familias afectadas es grave y hay impactos muy serios para la salud de niñas, niños, mujeres y adultos mayores que se ven de la noche a la mañana sin acceso a alimentos o agua potable.

Además, se registraron 93 ataques en contra de periodistas, incluidos 4 homicidios, lo que constituye una grave violación a los derechos a la vida y a la integridad, y también a la información y libertad de expresión. También continuaron las presiones internas y externas al sistema de justicia, lo que afectó la independencia judicial poniendo en peligro la democracia.

Esta es la radiografía de la ignominia. Desnuda nuestras miserias y la indiferencia hacia la gravísima situación de exclusión y abandono en la que vive la mayoría de la población. ¿Acaso no es el momento de actuar?

@MarielosMonzon