El 2 de junio de 2017 a los habitantes de la comunidad Laguna Larga,   Petén, les llegaron las noticias sobre un inminente desalojo. El contingente integrado por 1,400 policías y 400 soldados estaba en camino. Con lo poco que pudieron sacar de sus humildes viviendas, las 111 familias de Laguna Larga decidieron trasladarse a la zona fronteriza entre Guatemala y México, donde permanecen desde entonces viviendo en condiciones dramáticas.

Tras el desplazamiento forzado, policías y soldados quemaron sus casas y destruyeron sus pertenencias. Plaza Pública documentó las columnas de humo provenientes de la comunidad y el uso de motosierras para derribar lo que policías y soldados encontraron a su paso. Algunas personas revivieron el terror de la época de la tierra arrasada, cuando debieron huir de sus comunidades para no ser asesinados.

Después del desalojo y el desplazamiento forzado, las familias de Laguna Larga no volvieron a saber de las autoridades guatemaltecas. Como casi siempre ocurre, las comunidades rurales e indígenas conocen la cara represora del Estado, que les persigue y les criminaliza, pero casi nunca les da respuesta a sus demandas.

Un año y medio ha pasado desde que se decidió el desalojo de la comunidad Laguna Larga, con el argumento de que estas familias habitaban un área protegida. Por supuesto que la protección del área solo alcanzó a las comunidades y no a la petrolera Perenco, que sigue operando con total tranquilidad, al igual que muchos narcoganaderos que tienen grandes extensiones de tierra y a los que nadie toca.

No se necesita ser un experto en la materia para entender que el impacto ambiental de la petrolera es inmensamente superior al que puede generar una comunidad y tampoco hay que ser muy perspicaz para comprender que los intereses que se están protegiendo no tienen nada que ver con la defensa de la naturaleza. Si su propósito fuera genuino, la protección del parque nacional Laguna del Tigre sería integral y se habrían buscado alternativas para las comunidades que habitan en el área.

Pero la violencia y la indiferencia se han puesto delante del diálogo y de la búsqueda de soluciones, y hoy, 111 familias guatemaltecas sufren una crisis humanitaria, que a casi nadie parece importarle. Entre los 450 comunitarios de Laguna Larga hay 240 niñas y niños menores de 12 años. También personas mayores y mujeres embarazadas, que son quienes sufren la peor parte.

El hambre y las enfermedades se han hecho presentes y, en este último tiempo, las intensas lluvias han empeorado la situación. Las champas improvisadas no les protegen y hay plagas de insectos y roedores. Los caminos están intransitables y para entrar y salir del lugar en el que se asentaron hay que hacerlo vía México.

Hasta este momento, y a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares, el estado guatemalteco no ha atendido la calamitosa situación. La ayuda que reciben nuestros connacionales es de las autoridades vecinas, que les han facilitado algunos alimentos, agua y medicamentos.

La situación de las familias de Laguna Larga merece la atención inmediata del gobierno y la sociedad guatemalteca. La indolencia no puede ser la respuesta a esta crisis humanitaria que está teniendo ya consecuencias devastadoras. La protección a la naturaleza no puede implicar violencia y mucho menos desplazamientos forzosos que se traducen en hambre, enfermedad, desprotección y abandono. Urge una respuesta inmediata e integral.

@MarielosMonzon