La condena contra cuatro militares por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana, Emma, así como la muerte violenta de Claudia Patricia Gómez a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Nuevo Laredo volvieron a desnudar la realidad de este país, envuelto en los fantasmas del pasado y la lacerante pobreza que lleva a la migración hacia EE. UU. En el primer hecho, la sentencia a cárcel de los exjefes del Ejército terminó con un período de 37 años de angustia y falta de justicia para la familia Molina Theissen. El juicio y condena desde ningún punto de vista pueden ser considerados actos de venganza, sino de justicia contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años oscuros del enfrentamiento armado.

En el segundo caso se trata de la muerte trágica de una indígena que no encontró posibilidades de desarrollo en su comunidad y por eso emprendió la ruta peligrosa hacia el norte. Una testigo que escuchó el disparo que segó la vida de Claudia subió un video del hecho a Facebook, el cual ha generado indignación alrededor del mundo. Con ese crimen se fue una joven promesa que no tuvo oportunidades en el país y por eso decidió irse. Su caso retrata la triste realidad de migrantes que solo valen cuando su viaje es exitoso y envían remesas para aumentar los ingresos de divisas al país. Cuando mueren en el intento, su historia se pierde en el olvido. Ahora Claudia engrosa la lista de víctimas mortales de la política de racismo y discriminación que se ha agudizado en EE. UU., a raíz de la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

En ambos casos ha habido reacciones encontradas. En el primero hubo muestras de solidaridad con la familia Theissen, pero a la vez se multiplicó el discurso de odio en su contra. En las redes sociales se observa cómo se hace mofa del juicio y condena por considerar que se trató de un show y que el único interés era el resarcimiento económico. Algunas personas han llegado al grado de pedir la eliminación de la familia Theissen y del juez Pablo Xitumul, entre otros, con lo que ese discurso de odio significa un retroceso a las prácticas de eliminación física de los años del conflicto armado. Otros difunden mentiras como que Marco Antonio Molina está vivo en Costa Rica. Estas posiciones son extremistas y evidencian un odio visceral y enfermizo sin sentido. La familia Theissen ha reaccionado de manera ejemplar al pedir respeto a su dolor y plantear que no solicita ningún resarcimiento. Eso dice mucho de su calidad moral.

En el caso de Claudia, la actitud del gobierno ha sido tibia y no muestra la indignación que sí se ha observado a nivel mundial porque los guardias fronterizos dispararon a matar contra migrantes indefensos. Quien murió era una joven de 20 años de edad, frágil y sin ningún arma. Hasta la fecha, el presidente Jimmy Morales no ha dicho nada sobre este hecho criminal contra una guatemalteca, lo cual desdice mucho de su calidad humana. No ha habido conferencias de prensa ni videos. En el comunicado que emitió la semana pasada la Cancillería se nota que quiere sacar ventaja de este hecho lamentable: solicitar una reunión entre Trump y Morales, en el que traten, entre otros temas, el migratorio. Claro, la canciller Sandra Jovel tiene asuntos más importantes como ir a inaugurar en los jardines del Vaticano un mosaico de la Virgen del Rosario, algo que bien pudo haber hecho el embajador guatemalteco, sin incurrir en gastos de viaje y viáticos. Este gobierno sigue sin entender que Guatemala es un Estado laico y debe estar alejado de aspectos religiosos y que el reclamo contundente por el asesinato de una joven indígena es mucho más importante que andar de viaje con religiosos, sean católicos o evangélicos.

@hshetemul