La transición política hacia la democracia iniciada en 1986 fracasó. De los presidentes electos en ese período, uno se encuentra en el exilio tras el fallido intento de alterar el orden institucional. Tres tuvieron que transitar por la prisión y enfrentar procesos penales por corrupción. El organismo legislativo experimentó una degradación constante, hasta llegar a constituirse en un reducto plagado de criminalidad y desvergüenza. El organismo judicial se debate entre un burocratismo aberrante y una latente corrupción. La mayoría de las municipalidades del país se convirtieron en antros de ilícitas negociaciones, en donde la administración municipal de la Ciudad de Guatemala se constituye como el más lacerante monumento a la más sofisticada corrupción. Los resultados de ese nefasto y degradado sistema institucional, lejos de ser la fuente de verdaderas políticas públicas promotoras de desarrollo social, generaron un país plagado de pobreza, anarquía, criminalidad e impunidad. Miles de familias naufragan viviendo en medio de limitaciones extremas, millones de jóvenes no encuentran empleo, millones de campesinos sufren las más graves carencias mientras sus escuálidos cultivos tienden a la desaparición. El fracaso de la transición política se convirtió en la peor tragedia social de nuestra historia.

Esos 32 años perdidos le negaron a nuestro pueblo el derecho a tener gobierno. Mientras los intereses sociales fueron abandonados, los intereses de la partidocracia corrupta aliada con los más poderosos sectores económicos corporativos, saquearon el erario público. Evasión de impuestos, salarios miserables y la cooptación del Estado fueron las herramientas perversas que se sumaron a ese modelo, para favorecer los más nefastos intereses promotores de una injusticia social sin precedentes en la historia de América Latina. Ese perverso modelo político-económico vigente en Guatemala, nos perfila externamente como un país desgarrador, un modelo que destruye familias mediante la expulsión de cientos de ciudadanos que día a día, se ven forzados a migrar huyendo de la pobreza o la violencia. Hoy podemos asegurar sin temor a equivocarnos que no logramos construir un modelo político funcional y democrático. Podemos —por el contrario— asegurar el surgimiento y consolidación de un régimen criminal y despiadado que se resiste a desaparecer.

Por todo lo anterior hoy más que nunca se hace necesaria la unidad social. Nuestras organizaciones populares y los partidos políticos no vinculados a ese nefasto régimen tienen el complejo desafío de promover la unidad, la organización y la más constante y comprometida participación. Las dirigencias de todas esas instancias tienen una responsabilidad histórica, es el momento de superar cualquier división, la tolerancia y el pacto comprometido deben ser la norma en todas las instancias orientadas a la unidad. A la partidocracia corrupta apuntalada por los grupos de poder que pactaron en contra de la democracia y los derechos sociales, debe enfrentársele con el objetivo de erradicarla de una vez y para siempre. Es ahora el momento de construir una gran alianza política y social, basada en un nuevo liderazgo, una propuesta de Estado en donde los intereses y derechos de las mayorías sean el núcleo central, en donde el ciudadano opte por la responsabilidad electiva y por el compromiso de la fiscalización social hacia las futuras autoridades. Estamos a pocos meses de enfrentar el desafío electoral más importante de nuestra historia reciente. Exterminar a la partidocracia corrupta es el objetivo inmediato a lograr.

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