Cuando la clase política quiere distraer la atención ciudadana y hacer avanzar agendas a favor de la impunidad pone en las agendas mediáticas temas que pueden rompernos por la mitad: la pena de muerte, la diversidad sexual y el aborto, por ejemplo. Son temas fundamentales en la construcción de cualquier democracia, y ameritan sus propios espacios y tiempos, como lo saben las personas, grupos y organizaciones que han puesto su empeño en sacarlos del silencio y revisarlos en la práctica social.

Pero los políticos las usan para generar polémica. Esto es saludable en cuanto a la generación de debate y discusión, pero muy perjudicial en cuanto a quitarle el espacio y tiempo que cada problemática pide para sí misma. Justo ahora que la comisión pesquisidora del Congreso evaluará la solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral implícito, y mientras varios diputados buscan salvarse el pellejo reformando ese delito, se discuten allí dos leyes que nos han mantenido ocupados: la 5272 (Ley para la protección de la vida y la familia) y la 5376 (Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas). Perverso abuso de una realidad profundamente compleja en Guatemala.

Quienes saben cómo se mueve la opinión pública han situado en el centro de ambas la palabra aborto. Como si fuera lo más importante, como si el pecado no estuviera en una sociedad que normaliza la violencia sexual en los cuerpos de quienes no pidieron ser violadas o ser madres. Como si cada día no quedaran embarazadas en Guatemala más de 250 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años. Como si no supiéramos que uno de cada dos niños y niñas menores de 5 años padecen desnutrición crónica irreversible. Como si en esta sociedad medieval necesitáramos encender más fuegos inquisitoriales.

La 5272 quiebra con una serie de compromisos internacionales contraídos por el Estado de Guatemala. Pone en las manos de las familias la educación sexual, en un país donde el 89% de las violaciones a niñas y adolescentes ocurren en el ámbito familiar y el 30% de ese 89% es atribuido a los propios padres biológicos. Prohíbe a las entidades educativas promover la diversidad sexual, la “ideología” de género y enseñar como normales las conductas distintas a la heterosexualidad. Reafirma la prohibición a parejas del mismo sexo para contraer matrimonio, y envía a prisión a las mujeres que abortan. Imposible comprender hoy esta pedagogía medieval. Además, obliga a los médicos a registrar en Renap los abortos espontáneos. Castigar a las mujeres, a los médicos, y dejar sin información a la niñez y juventud es no tener claras las cosas. Y como dice la Ciprodeni (Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez), “nos permitimos recordarle a las y los diputados que en el país no existe uno ni dos tipos de familias, sino doce”. Entre esas doce, las familias nucleares son cada vez menos.

La 5376 tenía un solo artículo (#7), que hablaba del aborto y ya fue retirado por los legisladores. Vale la pena leer el resto del contenido, que es valioso y obliga a la sociedad política y civil a dar respuestas puntuales a una problemática de salud pública. A propósito, recomiendo el artículo Sobre el aborto, de Carl Sagan, publicado en el libro Miles de Millones (1998), para comenzar a generar debates más serios. Está en internet. Quienes vemos diariamente las consecuencias de los embarazos tempranos productos de violaciones, y las maternidades impuestas que quiebran las vidas de miles de niñas y adolescentes, sabemos dónde está el pecado. Hay que debatir el tema del aborto, pero por ahora estaremos pendientes de todas las acciones de este Congreso. De todas.

cescobarsarti@gmail.com