La segunda captura de Manuel Baldizón en Estados Unidos no debe ser vista con ligereza o como un caso más de vulgar flujo de recursos en el sistema bancario estadounidense, sino como otra movida de ajedrez del sistema de justicia de ese país contra personajes claves en la política guatemalteca.

Efectivamente, desde hace varios años mucho de lo que ocurre en el país se decide lejos de nuestros epicentros de poder, lo cual resulta hasta comprensible cuando quienes deben asumir esos retos dan preocupantes muestras de irresponsabilidad, ignorancia y prepotencia, pues el derroche de recursos se orienta a desarticular cualquier esfuerzo contra la corrupción, sin hacer propósito de enmienda.

También debe leerse en la captura de Baldizón que por más de una vía la justicia nacional o internacional tendrá que acorralar a quienes han hecho de las instituciones una fuente de oscuras negociaciones, al extremo de convenir vergonzosos porcentajes sobre millonarios contratos de obra pública.

Baldizón es uno de los políticos, al igual que Alejandro Sinibaldi, que con descaro llegaron a manipular las grandes construcciones del Estado, y un detalle escabroso de esa conducta repudiable se acaba de conocer por medio del testimonio de quien fuera secretaria del prófugo ministro de Comunicaciones en la administración patriotista, sobre la movilización de al menos cien millones de quetzales, cuando las autoridades se acercaban a las propiedades del exfuncionario.

En enero, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron el caso Odebrecht Fase 1, en el cual sindicaron a Sinibaldi de haber acordado sobornos con funcionarios de esa empresa brasileña por la construcción de carreteras, cuyos beneficios habrían incluido al exaspirante presidencial Baldizón y por eso, desde que se conoció su primera captura, hizo que en Guatemala cundiera el pánico ante la eventual deportación, pues se temió que hiciera revelaciones comprometedoras.

Ese riesgo no ha desaparecido y es probable que en Guatemala se conozcan menos detalles, pues será el sistema de justicia estadounidense el que podrá obtener mayores beneficios si Baldizón se convierte en un colaborador en las investigaciones y señala a otros involucrados, lo cual reforzará las herramientas de Estados Unidos para proceder contra otros guatemaltecos.

De hecho, la denuncia sobre los sobornos repartidos por Odebrecht en 12 países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala, fue advertida en diciembre del 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que ha permitido la ubicación de cuentas bancarias, como es el caso de Baldizón, quien ante los representantes de la empresa brasileña se presentaba fatuamente como el futuro presidente de Guatemala.

Sin duda, Baldizón tiene mucho que contar sobre personas y modalidades de cómo operan las estructuras delictivas en el Estado, y aunque lleve más tiempo poca duda cabe de que el brazo de la justicia estadounidense alcanzará a muchos otros guatemaltecos que como el excandidato presidencial abusaron de sus cargos para incluso manipular asignaciones presupuestarias o condicionar millonarios subsidios a transportistas.