El Instituto Nacional de Estadística (INE) siempre ha sido una especie de “patito feo”. Con excepción de quienes lo queremos y valoramos porque nuestro mundo intelectual, profesional o laboral se desarrolla en los circuitos de los datos y la información estadística o de la gestión pública, su situación despierta poco interés en la población general. Lo grave es que igual pasa con los políticos y con muchos funcionarios públicos. Es más, algunos hasta miran con preocupación la posibilidad de un ente estadístico fuerte e independiente. Entre la desidia y el temor al dato, se han puesto a dormir una serie de iniciativas que ha habido para reformar y fortalecer el sistema y a su ente rector, el INE.

La comunidad internacional también le apostó por algún tiempo al INE, inyectando recursos y capacidades. Legaron, por ejemplo, el sistema nacional de encuestas de hogar, y con este, a un grupo de profesionales altamente calificados para conducir y realizar este tipo de levantamiento de información de manera periódica. También, mejorando los registros de información de los ministerios y del propio INE. Así salimos del largo silencio estadístico que se dio durante el conflicto armado interno.

Ese florecimiento duró como 15 años. Aún hay estertores: las encuestas nacionales de empleo e ingresos (ENEI) (2014), terminar la Encuesta de Salud Materno-Infantil (ENSMI) (2014/2015) o la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) (2014). Tal vez porque eran procesos que ya venían en marcha cuando detonó la actual crisis política y porque contaron con significativo respaldo financiero de organismos internacionales. Veremos cuánto de esto aplica al proceso del nuevo censo de población que se paga con fondos públicos.

Lo que se percibe es que las entidades se han “enconchado” de nuevo. No “deniegan”, pero sí que han dificultado el acceso a información. Se podría decir que la política tácita es hacer todo cuesta arriba: reducir el contenido sustantivo de lo que se publica en sus páginas web para ampliar el espacio a las noticias sobre actividades y ceremonias donde participan sus funcionarios. Hacer más desgastante la búsqueda de información, especialmente si se quiere construir series de tiempo; desincentivar al personal a compartir información e, irónicamente, convertir la Ley de Acceso a Información Pública en otro valladar que la ciudadanía ha de superar (haciendo máximo uso de las licencias que confiere la ley a las instituciones para dilatar la entrega de información al solicitante, entre otras formas) en lugar de poner a disposición, y sin requerimiento, el máximo posible de información sobre su producción institucional.

No es que las entidades hayan dejado de generar datos, aunque creo que la calidad, precisión y consistencia sí se han deteriorado nuevamente. Lo más grave es que no les da la gana ponerla a disposición, a menos que se pida y no les quede más remedio que darla. Esto se da a pesar también de los esfuerzos que algunas entidades han impulsado con el tema de “gobierno y datos abiertos”.

Por supuesto que la “cultura del secreto” no es nueva en el país, lo que percibo es que se ha agravado con la crisis política de los últimos años. A la mejor porque domina el temor de que el dato se convierta en “potencial evidencia” que perjudique sujetos o entidades. Una situación un poco absurda, pues a quien le complican el libre acceso a la información es al ciudadano común, no al Ministerio Público. Sería importante que la Procuraduría de Derechos Humanos evalúe lo que ocurre con el derecho ciudadano a la información pública, más que solo el cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información.

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