Debo comenzar diciendo que, verdaderamente, para mí es un motivo de gran satisfacción llegar a escribir para Prensa Libre.  Agradezco sinceramente que se me dé esa oportunidad.  Soy consciente de que conlleva una responsabilidad igualmente importante y me he propuesto asumirla con rectitud, entusiasmo y con profesionalidad.  He decidido volver a nombrar mi columna Al Grano, porque creo que mis lectores merecen un esfuerzo de enfoque y concisión. Procuro nunca olvidar que, en estas páginas, se publican opiniones y no dogmas.

En esta ocasión comienzo evocando a uno de los fundadores de la llamada “Escuela de Virginia”. Se trata del Prof. Gordon Tullock. Falleció hace relativamente poco tiempo y dedicó su vida a lo que yo llamaría el “análisis económico de la política”. El profesor Tullock escribió un libro intitulado El Dilema Social (sobre la Autocracia, la Revolución, el Golpe de Estado y la Guerra) que, según me parece, ofrece muchas reflexiones de suyo relevantes para la situación por la que atraviesa Guatemala. De particular interés me parece la teoría que explica por qué en una sociedad, como puede ser la guatemalteca, llega a suscitarse un conflicto intenso que amenace con generar pérdidas significativas.

Esta teoría entiende el proceso político como una “cadena de intercambios”. Los intercambios se dan cuando dos o más “partes”, que actúan en el proceso político, perciben una “ganancia” mutua. Pero, como explica Tullock, cuando una de las partes mira el intercambio como “lo que tú ganas yo lo pierdo”, o cuando se produce una diferencia entre las partes en cuanto a qué porción del total de las ganancias ha de distribuirse a cada una, nace entonces el conflicto. El intercambio se sustituye por el conflicto.

A veces, los intercambios se proponen dentro del marco de la Ley y con la intención de promover el “bien público” (“vota a favor de esta obra pública que interesa a mis electores, y yo votaré a favor tuyo para que presidas la Comisión de Finanzas Públicas”, por Ej.). En otras ocasiones los intercambios no son más que actos de corrupción (“apoya la exoneración fiscal para retribuir a mi financista electoral y yo votaré a favor de un bono para el sindicato que te apoya”, por Ej.)

Pero el punto más importante es que el gran descubrimiento de la teoría política “moderna” es que el régimen jurídico de un Estado puede lograr dos cosas a la vez: ampliar el ámbito de los intercambios mutuamente beneficiosos (win – win) entre los agentes del proceso político, y además, que esos intercambios queden alineados con el bien común.

Así, la Constitución y las leyes del Estado han de propiciar que el partido político y sus aliados que logre más intercambios en el proceso político, para mayor beneficio del bien común, sea el que gane las elecciones y se mantenga en el poder.

Creo que la Constitución y parte de las leyes electorales de Guatemala no logran ese objetivo y, sin embargo, en el fondo, se mantienen invariables. ¿Por qué? Una vez más, de acuerdo con Tullock, incluso si todos los agentes económicos (partidos, grupos de presión, organizaciones de la sociedad civil, etc.) ven la racionalidad y conveniencia de un régimen que maximice las ganancias para todos en el largo plazo, empero, los que se “calculan” ganadores netos del statu quo, por encima del valor presente de sus expectativas a largo plazo, tienen motivos racionales para oponerse. Ese es el problema de Guatemala.

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