Ya decían bien algunos que, con contadas excepciones, de los diputados no podía esperarse nada bueno. A fin de cuentas, el Congreso es reflejo y engranaje de un sistema de impunidad y privilegios concentrados en pocas manos que resiste robustamente a pesar de las acciones de lucha contra la impunidad y la corrupción que se ha librado durante este último período.

La primera muestra la dieron hace unos meses, pasando reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que preservaron las formas de organización caciquista, clientelar y excluyente de los partidos políticos, formato que le garantiza sostenibilidad al sistema. Con las reformas constitucionales hicieron lo mismo: se aseguraron que cualquier cambio los mantenga inmunes e impunes. Eso sí, conservarán su capacidad para seguir utilizando a la gente para sus fines clientelares, pero sin reconocerle sus derechos a su forma de aplicación de justicia, que es la que les resuelve en la cotidianeidad. Así, los diputados y quienes están detrás conservan sus privilegios y su poder de veto, además de asegurarse que, en caso se les detecte la fechoría, su sistema de “justicia” les sea benevolente.

Es decir, de lo que se trata el asunto es evitar a toda costa que cambien las reglas del juego. Por eso, no podemos seguir cargando con este lastre, esperando que esta clase —servil a los poderes y beneficiaria de los mismos— haga lo que necesitamos para tener una sociedad incluyente, democrática y más equitativa.

Por tanto, lo que toca es la organización ciudadana. No hay de otra. Perderle el miedo a participar, a pronunciarnos, a organizarnos, sobre todo, a participar políticamente. En la medida que la ciudadanía honesta y comprometida con el bien común se mantiene al margen, esa clase de gente seguirá dominando los espacios de decisión y de poder y no podremos modificar las reglas del juego para hacer de esta una sociedad más digna para todos. El mayor desafío que tenemos en este sentido es la desconfianza mutua y esa tendencia a la destrucción de las iniciativas que surgen de otros, algo que saben explotar bien —y acrecentar más— quienes se benefician de esta situación. Ciertamente, el escenario político es poco alentador y la carrera desigual. En este contexto, comienzan a surgir iniciativas de organización política. Habrá que ver todavía si sobreviven el canibalismo y a los ataques de los actores de poder a quienes no les entusiasma que surjan expresiones ciudadanas que no sean amoldables a sus intereses.

El año pasado hubo intentos de los movimientos ciudadanos que participaron en las manifestaciones de juntarse a dialogar y explorar las posibilidades de articulación y generar sinergias. Independientemente de cuánto se avanzó en ese entonces, es de vital importancia retomar o continuar esos procesos y acelerarlos. No todas las expresiones ciudadanas organizadas tienen necesariamente que convertirse en partidos políticos, pero algunas de ellas sí lo harán; de hecho, lo están haciendo. Seguramente, surgirán más de aquí al 2019 y ojalá con otras formas y procedimientos, y con otros contenidos más afines a las necesidades de la gente. Romper con los maniqueísmos ideológicos a los que nos orilla la polarización ideológica es fundamental. Madurar estos procesos no es fácil. Nuevos partidos no son tampoco necesariamente garantía de nuevos contenidos y formas más democráticas e incluyentes de hacer las cosas. Ya lo vimos con el actual partido de gobierno. Acaba de echar por la borda —junto a sus aliados— la posibilidad de liberar nuestro sistema de justicia del yugo de la impunidad y la corrupción.

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