Charles Dunlap, Jr., miembro del Centro Carr de Harvard, definió lawfare  como “el uso de la ley como un arma de guerra”. Suena patéticamente cierto en estos días cuando los más connotados juristas constitucionalistas de Guatemala se han pronunciado sobre el deterioro del sistema judicial, en especial, la Corte de Constitucionalidad, donde se evidencia el mal uso de la ley para empujar agendas politiqueras o apoyar causas espurias.

Totalitarismo jurídico llama el Dr. De la Torre al poder sin límites que el positivismo jurídico ha reconocido a la autoridad del Estado. El nuestro está permeado de esa tara que atenta contra la libertad del individuo y de su sentido de responsabilidad moral.

La lucha contra la corrupción —la cual se ha tomado como un estandarte antiimpunidad— pierde su legitimidad a partir de la pérdida de su razón de ser originalmente pactada con la Cicig para “investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los “derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado, actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación”. (El énfasis es mío).

Enfatizo esta frase: “que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala”. Un compromiso muy alejado de la realidad de tener detenidos —la palabra correcta es “secuestrados”— en campos de concentración a más de la mitad (11 mil) de la población total (22 mil) de esa vergüenza llamada Sistema Penitenciario Nacional. Una población enjaulada en esos campos de concentración, en condiciones infrahumanas, sometidos a vejámenes de todas clases, torturas, extorsiones, violación de sus derechos constitucionales y retardos de audiencias hasta de un año.

Ahora hablemos de Monzón, con su memoria de elefante, abriendo la indecencia de las interioridades corruptas de sus amos. Da asco, pero no sorprende ver en toda su realidad el grado de corrupción del sistema bajo el cual hemos vivido desde la Colonia. Y la pregunta inevitable es ¿por qué los guatemaltecos, especialmente los pensantes e intermediarios políticos, no hicieron algo para impedirlo? La historia juzgará…

Para los grupos que han controlado el entorno político el sistema era, es y seguirá siendo altamente productivo para ellos. Seguirán mamando de la teta corrupta a perpetuidad, a pesar de todas las investigaciones y capturas que se estén dando. Y con Cicig o sin ella, continuarán haciéndolo hasta que no se cambie el sistema.

Sigo insistiendo una y otra vez, con la misma cantaleta que he venido vociferando: necesitamos cambios estructurales y sistémicos en el sistema de justicia y en la administración pública. Seguir persiguiendo efectos y no causas no tiene lógica. Por más frentes que fundemos antiesto y antiaquello, se queda en la retórica periférica y no en el enfoque causal. Debemos eliminar los incentivos perversos; los poderes discrecionales de los funcionarios; el proceso transparente de compras y contrataciones con controles y monitoreo externo.

Los politiqueros corruptos se meten a la política clientelar porque tienen incentivos perversos. Elimínense estos y ya no tendrán interés en participar. Solo esta acción tiene repercusiones positivas para motivar la participación de una nueva clase política con deseos de servir y no servirse.

Francamente a mí me suena patético que sigan abriéndose tarimas antiesto y antiaquello sin traer bajo el brazo una propuesta reformadora de largo plazo.

Pero nada de esto se podrá lograr si la Corte de Constitucionalidad sigue utilizando la ley como arma de guerra para traerse abajo a sus supuestos enemigos, y de paso al estado de Derecho.

Esas son las prioridades, lo demás es pura retórica de tarima.

alfredkalt@gmail.com