Con motivo del bicentenario de la Independencia de Guatemala, publicaré un libro sobre la política económica de los mandatarios en 200 años.

Álvaro Enrique Arzú Irigoyen fue presidente de la República de Guatemala del 14 de enero de 1996 al 14 de enero de 2000. Falleció a los 72 años, el viernes 27 de abril de 2018.

En su período presidencial se dieron las privatizaciones de empresas del Estado: Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.; dos empresas de distribución del Instituto Nacional de Electrificación, Inde; y Guatel.

La Ley de Electricidad de Guatemala redujo en dos décadas el 66% en los precios al consumidor. Ahora no hay apagones —los hubo de 19 horas al día— y el país es exportador de energía. Hay el doble de capacidad de producción eléctrica que el consumo local.

La Ley de Telecomunicaciones permitió el desarrollo de los teléfonos móviles en gran escala, que en el tiempo llegaron a superar al número de habitantes guatemaltecos.

Las dos leyes, telecomunicaciones y electricidad, son sectorialmente las más modernas y eficientes del mundo.

Se emitió la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Se otorgó la concesión sobre el servicio público de la carretera CA-9-Sur, autopista Palín-Escuintla.

El mayor logro de ese gobierno fue el 26 de diciembre de 1996, con la firma de los acuerdos de paz. El 5 de febrero de ese mismo año, el papa Juan Pablo II realizó por segunda vez una visita a Guatemala. La Junta Monetaria dirigió el aumento de las tasas de interés.

Se aprobaron las siguientes leyes, con el número de decreto del Congreso entre paréntesis: Ley del Mercado de Valores y Mercancías (34-1996); Ley de Transformación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Bandesa (57-1997); Ley para la Disolución, Liquidación y Supresión del Banco Nacional de la Vivienda, Banvi (89-1997); Ley para la Protección del Ahorro (5-1999); Ley de Libre Negociación de Divisas (94-2000).

También se aprobaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (9-1996); Ley de Protección para las personas de la Tercera Edad (80-1996); Ley de Probidad y Responsabilidades (89-1996); Ley General de Electricidad (93-1996); Ley General de Telecomunicaciones (94-1996); Ley Forestal (101-1996); Ley de Fomento al Transporte de la Ciudad Capital y áreas de influencia urbana (106-1996); Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (109-1996); Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos (120-1996); Ley de Arbitrio y Ornato Municipal (112-1996); Ley de Reconciliación Nacional (145-1996).

Asimismo, se aprobaron la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (8-1997); Ley de la Policía Nacional Civil (11-1997); Ley de Creación de la Secretaría de la Paz (17-1997); Ley para la Reducción de Riesgos a los Habitantes de Zonas Afectadas por el Enfrentamiento Armado (46-1997); Ley de Minería (48-1997); Ley del Organismo Ejecutivo (114-1997); Ley de Inversión Extranjera (9-1998); Ley de Fondo de Tierras (24-1999).

Por acuerdo gubernativo 483-1996 se estableció un calendario para la reducción y racionalización de aranceles. Se llevó a cabo una amplia reforma tributaria, incluyendo el impuesto de solidaridad, el impuesto extraordinaria a las empresas mercantiles, impuesto de placas de circulación de vehículos, creación del Fondo Vial para mantenimiento de las carreteras financiado con los impuestos a los combustibles; se suprimieron exenciones, exoneraciones y deducciones en materia tributaria y fiscal, y por segunda vez desde 1987 se estableció la figura del autoavalúo para el pago del IUSI.