La lista con los seis candidatos a ocupar el puesto de fiscal general está completada. La comisión de postulación finalizó sus deliberaciones e incluyó a cuatro mujeres y dos hombres de entre quienes el presidente deberá elegir a uno.

Lo que más me llamó la atención fue la pulcritud del proceso, la precisión —aunque pueda ser cuestionada— de la tabla de gradación y la discusión sobre cada aspirante. Me chocó cómo durante el segundo día de calificaciones se produjeron rechazos porque ciertos aspirantes no fueron incluidos por no alcanzar los 60 puntos que la comisión había establecido como límite inferior para integrar el grupo final, debatir sobre la honorabilidad y elegir a los que conformarían la nómina definitiva. Una especie de militancia activa que pedía explicaciones y cuestionaba la tabla de puntuación y hasta el proceso, vaticinando que las cosas no saldrían bien. Se obvió que únicamente se habían puntuado —al momento— méritos y no ética, y se generó en redes sociales una corriente comparativa de candidatos —a sabiendas, como reza el dicho, de que son odiosas— que promovió falacias con clara intención de cuestionar el trabajo de la comisión. Lo que se evidenció fue que, en el fondo, sigue importando quién será el próximo fiscal no tanto por las calidades que reúna, sino por quién sea y la afinidad que tenga con grupos ideológicos, sociales o de otro tipo. Algunos siguen supeditando la objetividad necesaria con la subjetividad precisa, en un esfuerzo por justificar lo injustificable y adaptarlo al momento y a la situación política y de crispación que vivimos. Nada muy lejos de aquella discusión de 2014 en que la aspirante Paz y Paz tenía que salir “sí o sí” y el análisis y la discusión servían solamente para promoverlo. La experiencia demostró, sin embargo, que con el nombramiento por el presidente Pérez Molina de la candidata mejor puntuada —Thelma Aldana— el MP ha escalado el nivel más alto de popularidad, discusión, procesamientos y rechazo de la era democrática.

Los seis escogidos cuentan con alta puntuación evaluada objetivamente y la discusión sobre la honorabilidad satisfizo el criterio de quienes esperaban que no fuera incluido nadie con tachas. Señalar a la postuladora de no haber hecho su trabajo con dedicación, debate y trasparencia no sería justo. Que no guste el sistema o que en pasadas ocasiones estuviera cooptado es un hecho del que no podemos escapar, pero no lo es menos que en esta ocasión el trabajo ha sido de alta calidad.

Es preciso ahora, y no en 2022, debatir si hay que hacer una norma para que quede definida la lista de méritos a calificar y se conozca con anticipación —no un semana antes de entregar expedientes—, al igual que los decanos sean personas honorables y no nombrados para el fin inmediato de la comisión de postulación. Es deber de todos conformar un sistema previsible, honesto y capaz de alcanzar el fin que se persigue: lograr instituciones eficientes y personas comprometidas con ellas que tengan el mejor perfil posible.

Para quienes pensaban que no habíamos avanzado, todo esto es un éxito y lo que ahora queda es que el presidente elija entre ellos. Por cierto, el sorteo entre los seleccionados que han superado todos los filtros sería lo más idóneo y justo o que directamente quede el de mayor puntuación, reformas que se pueden incluir en el futuro. ¿Por qué esperar a que un cargo político tenga finalmente que tomar una decisión entre capaces? El sistema actual puede generar peligrosos vínculos y compromisos, otra cuestión a erradicar.

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