En los últimos meses, el mandatario ha hecho llamadas similares al director editorial. No lo habíamos hecho público en un gesto de tolerancia, pero esta vez es aún más inaceptable porque acusó directamente a este diario de estar “sirviendo a la estrategia de sectores empresariales” que quieren sabotear los planes del Gobierno para controlar la evasión fiscal. Esto es inaceptable y reiteramos nuestro rechazo.

El mandatario debe tener claro que la labor de la prensa independiente de los gobiernos y funcionarios consiste en informar desde la mayor cantidad de puntos de vista, así como comentar las decisiones oficiales, sobre todo las opacas, como en este caso. Es un derecho y una obligación periodística porque así sirve a sus lectores y al país.

La acusación presidencial contra las motivaciones informativas nuestras constituye un innecesario insulto que solo puede ser el producto de una actitud de desesperación y de mediocridad de su equipo de prensa. El Estado recaudará menos, lo que no se soluciona contratando empresas locales o extranjeras, sobre todo de corta existencia, sino mejorando la recolección encargada a instituciones estatales. No puede despedir a los directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria, como tampoco a los del Tribunal Supremo Electoral porque fiscalicen la propaganda anticipada, comenzando con la del partido oficial.

Ningún presidente tiene entre sus tareas llamar en forma oficial a la prensa para protestar, agradecer o felicitar a nadie. Se le atiende con cortesía, como a cualquier ciudadano. Los periódicos y noticieros tienen una organización y conductos determinados. Al no respetarlos, todo funcionario demuestra poco respeto al orden y ejemplifica cómo actuará cuando las leyes del país le impidan actuar y ello le disguste.

El presidente Pérez Molina ha cometido varios errores al anunciar la toma de decisiones erradas que lo han obligado a retroceder. Ha decidido ser el vocero del Gobierno, al igual que la vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos hablan con mucha soltura y poca reflexión sobre temas de los que no tienen obligación de conocer ni de hablar, aunque sí de estar informados. Se olvidan de que, a menos de que las conversaciones con los periodistas sean previamente establecidas como confidenciales, serán publicadas porque deben serlo.

Prensa Libre reitera su petición de que el presidente respete la labor periodística. Debe gobernar, para lo que fue electo, y respetar la autonomía de las instituciones. Debe también delegar las funciones de comentar y quejarse por las críticas a la tarea gubernativa. Y en este delicado campo, contar con una oficina de comunicación profesional y capaz. En su administración, ese no es el caso.