Cuando vimos la financiada marcha por el agua, las pancartas iban dirigidas a la minería, a las hidroeléctricas, a una carretera, a la palma, en fin, eran lo que ya conocemos de la sopa de letras de las organizaciones de las que ya un grupo de “intelectuales” tomó el liderazgo.

Lamentablemente ese grupo intelectual no lanzó sus dardos en contra de los que violan la ley o buscan evadirla, o en contra de los que son responsables de que se reduzcan las fuentes de agua.

Por ejemplo, un estudio hace no muchos años del Iarma, de la Universidad Rafael Landívar, hizo ver que el principal problema de la deforestación era nada menos que el uso de la leña y eso causaba mas del 80% de la deforestación. Lógicamente ese flagelo ambiental no puede ser tocado ante la falta de soluciones energéticas que debería proporcionar el Estado de manera económica, ya que aunque está privatizada la comercialización, sigue siendo un monopolio, y lógicamente la leña sigue siendo la única fuente de energía para miles o millones de familias. Los protestantes, lejos de dar soluciones solamente vociferaron sin tomar en cuenta ese factor determinante para la generación del vital líquido.

Existe un acuerdo gubernativo con el número 236-2006, este es el Reglamento de Descargas y Rehuso de Aguas Residuales. En él se da una normativa extensa para evitar esa contaminación que, según expertos, ya llega a más de 95% de las cuencas del país y no son las hidroeléctricas, ni las minas, ni las fincas las causantes, sencillamente son los generadores de desechos, basura y aguas servidas, muchos de ellos sencillos ciudadanos, empresas sin control. Solo en la cuenca del río Platanitos, que es afluente del río Villa Lobos, hay más de 60 rastros clandestinos, que de plano los conocen los miembros de las municipalidades vecinas; contra ellos no fue la marcha.

Los financieros de la marcha mejor hubieran invertido en una planta de tratamiento o en reforestar, para ponerle un parche poroso al dolor que nos causará el colapso del sistema de agua capitalino, que según un estudio de la empresa francesa Sogreaha, para el año 2020 la capital no tendrá más agua.

Las soluciones de la contaminación están en que se cumpla la ley, y los alcaldes han venido posponiendo lo que la ley les obliga, y es que en el decreto se fijan límites desde temperatura del agua, grasa, DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), metales, lodos, entre otros, y es que la ley enfatiza en el artículo 24 del capítulo V que: “Todas las municipalidades deberán cumplir con tener en operación, por lo menos con sistemas de tratamiento primario al cumplirse a más tardar el dos de mayo del dos mil once”, las municipalidades han logrado, una tras otra, prórrogas, y ahora resulta que la prórroga aceptada será hasta el 2017, por supuesto, en caso de no cumplir, alcaldes y sus concejos caerán en un delito, y recordemos que los delitos contra el Medio Ambiente son de índole penal.

Todos los usuarios de cuencas para fines hidroeléctricos deberían estar obligados a tratar el agua antes de usarla. Así, al salir de las turbinas podría ser utilizada en regadíos o como agua potable. El INDE utiliza el Lago de Amatitlán como embalse para Jurún Marinalá, pero ni siquiera se digna a dragar la cuenca del Michatoya. Allí sí no protestaron los de la marcha.

Nuestro país tiene un potencial hídrico magnífico, y desde ya deberíamos contratar y ejecutar los proyectos que desde hace años fueron propuestos a las municipalidades y al Instituto de Fomento Municipal (Infom), pero la voluntad política es nula, ahora lo que importa son las licencias de construcción, la marcha llegó al lugar equivocado

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